El juez guatemalteco Fredy Orellana decidió este martes vincular a proceso judicial por tres delitos al reconocido periodista José Rubén Zamora Marroquín, uno de los principales críticos del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

Orellana, a cargo del juzgado Séptimo penal del Organismo Judicial guatemalteco, dio por válidas las pruebas del Ministerio Público (MP, Fiscalía) contra Zamora Marroquín y decidió que el periodista encare un proceso judicial por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.

Zamora Marroquín, presidente del matutino El Periódico, fue detenido el pasado 29 de julio en su residencia después de un allanamiento de casi ocho horas y desde entonces ha mantenido su inocencia en todo momento.

Orellana indicó que dejó fuera de la acusación el delito de intención de lavar dinero que inicialmente había planteado el Ministerio Público, pero mantuvo los otros tres cargos en contra del periodista.

Las publicaciones de Zamora Marroquín y El Periódico en la última década evidenciaron cientos de actos de corrupción en el Gobierno de Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti (2012-2015), pero también en las Administraciones de Jimmy Morales (2016-2020) y del propio Giammattei.

Cinco días antes de su detención, el ingeniero de 66 años publicó en El Periódico fuertes críticas en contra de Giammattei y ex funcionarios de su confianza en la edición dominical de su matutino.El presidente de Guatemala Alejandro Giammattei y la fiscal general María Consuelo Porras son acusados de varios actos de corrupción (REUTERS/Luis Echeverria)

Debido a su labor investigativa, Zamora recibió en junio de 2021, de manos del rey Felipe VI de España, el Premio al Medio de Comunicación Destacado de Iberoamérica, como parte de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España.

Por la mañana, el abogado defensor de Zamora Marroquín, Christian Ulate, refutó las supuestas pruebas exhibidas en contra del comunicador por parte del Ministerio Público.

Ulate enfatizó ante el juez Orellana que el periodista no está vinculado a los delitos que le quieren imputar, durante su intervención en la corte antes de que imputaran al presidente y fundador de El Periódico.

“No existen los elementos suficientes y necesarios” para imputar a Zamora Marroquín con el “solo dicho de un denunciante”, expuso Ulate, de nacionalidad costarricense.

El Ministerio Público aseveró el lunes ante la corte, en la primera declaración del periodista, que el supuesto delito de lavado de dinero de Zamora Marroquín se cometió el 19 de julio de este año, 10 días antes de su captura.

Según una de las fiscales que lleva el caso, Cinthia Monterroso, la denuncia en contra de Zamora Marroquín fue realizada el 22 de julio por Ronald García Navarijo, un ex banquero acusado de corrupción en 2017.

De acuerdo con la acusación del ex banquero, el periodista supuestamente recibió alrededor de 38.000 dólares y no los ingresó de manera regular al sistema bancario, por lo que solicitó ayuda a García Navarijo.El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar “preocupado” por el arresto de Zamora Marroquín en Guatemala

Sin embargo, Zamora Marroquín se defendió argumentando que el monto fue un préstamo para poder cumplir con sus obligaciones empresariales.

“Yo no he visto ni una sola prueba que diga que ese dinero es procedente de chantajes. ¿Cuál chantaje? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?”, se preguntó Ulate este martes ante el juez Orellana.

Zamora Marroquín había advertido en 2021 que Giammattei y la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, intentarían fabricar un caso en su contra para callar las investigaciones de su medio.

El caso se mantuvo “bajo reserva” durante cuatro días desde la detención del periodista, incluso para los defensores de Zamora Marroquín, que pudieron revisar el expediente hasta hace una semana, el 2 de agosto.

Precisamente el 2 de agosto el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo estar “preocupado” por el arresto de Zamora Marroquín, así como por las acciones legales que el Gobierno de ese país ha emprendido contra sus propios funcionarios de Justicia.