A un año de la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin, El Salvador sigue siendo el primer país en legalizar la criptomoneda de intercambio digital.

Los motivos por el gobierno para la implementación de la moneda es la reducción de costos en los envíos de remesas, poder atraer inversiones extranjeras además de poder impulsar el consumo interno, logros que han sido puesto en duda, por diferentes economistas.

Siguiendo el proceso de formulación y aprobación de la Ley, su implementación ha sido también desde la opacidad. El gobierno que impulsó su aprobación aún a un año no ha sido capaz de expresar claramente los objetivos que buscaba con la Ley.

El Gobierno destinó $203.3 millones, de los cuales fueron divididos con $150 millones para el fideicomiso que permite la convertibilidad de dólares a bitcoin, luego $23.3 millones para la instalación de 200 cajeros, seguido por el bono de bienvenida a los usuarios de $30.