El ex presidente de Guatemala Otto Pérez Molina y la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, fueron declarados culpables este miércoles por asociación ilícita y defraudación aduanera.

Así lo dispuso el Tibunal Mayor de Riesgo B, presedido por la jueza Irma Jeanette Valdés, aunque la condena de ambos aún está pendiente y se desconoce la pena que pesará sobre el matrimonio.

El tercer delito por el que se los inculpa, enriquecimiento ilíicito, no pudo ser acreditado por los magistrados.

Pérez Molina estuvo al frente del país entre 2012 y 2015, cuando renunció al cargo y fue encarcelado en septiembre de ese año tras masivas manifestaciones.

Otto Pérez Molina estuvo al frente del gobierno entre el 2012 y el 2015, años en los cuales llevó adelante el esquema defraudatorio de La Línea (AP)

El caso -uno de los más emblemáticos- es conocido como “La Línea” y consta de una investigación conjunta de la entonces Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG).

Según expusieron las investigaciones, se trató de una estructura que defraudaba al Estado a través de tres aduanas y que, según los investigadores, hacía “descuentos” a aquellos importadores para que pagaran menos impuestos a cambio de sobornos.

Junto a Pérez Molina hay otros 30 acusados quienes se declaran inocentes en los tres cargos por los que se los llevó al banquillo.

Inclusive, el ex presidente afirmó durante un intermedio de la audiencia de este miércoles: “Yo soy inocente” y aseguró que probará que se trata de un caso que le han fabricado.

Pérez Molina sostuvo que es inocente y aseguró que probará que se trata de un caso que le han fabricado. (EFE)

Sin embargo, la Fiscalía aportó una serie de concluyentes pruebas documentales que dan cuenta de la defraudación, junto a testimonios de testigos protegidos, colaboradores eficaces y escuchas telefónicas en las que se hacía mención de la repartición del dinero conseguido.

También, se ordenó una serie de allanamientos en los que se incautaron computadoras que contenían cuadros de distribución de lo defraudado y donde se exponía que parte de ello era entregado al matrimonio Pérez Molina-Baldetti.

La audiencia duró más de seis horas y, además de estas condenas, las juezas Janeth Valdés, Katty Sarceño y Marling Gonzálezyo dispuesieron la absolución de siete de los acusados.

“La Línea” obligó a Pérez Molina a dejar su cargo el 2 de septiembre del 2015, luego de que miles de ciudadanos salieran a las calles a protestar indignados por los supuestos actos de corrupción que lo involucraban junto a todo su gabinete. Estas manifestaciones se iniciaron en abril y se prolongaron durante meses.

Manifestaciones en Guatemala ante la corrupción del Estado (REUTERS)

Desde entonces está en prisión y ha conseguido algunas pocas excepciones y permisos de salidas. La resolución del fallo se dio a conocer recién ahora, siete años más tarde, ya que la investigación se vio demorada por la gran cantidad de personas que integraron el proceso y que presentaron peticiones ante los tribunales.

De todas formas, Pérez Molina está acusado en otros dos casos de corrupción que aún no han llegado a juicio.

La vicepresidente Roxana Baldetti también se vio obligada a dimitir de su cargo en aquel entonces y se convirtió, así, en la primera en hacerlo.

La ex funcionaria ha sido condenada por otros casos de corrupción y Estados Unidos ha, incluso, solicitado su extradición para que sea juzgada por presunto narcotráfico.

Roxana Baldetti ha sido condenada por otros casos de corrupción y es investigada por Estados Unidos por presunto narcotráfico (REUTERS)

“El caso La Línea es uno de los más paradigmáticos y es un parteaguas dentro de la historia guatemalteca y es importante para que de alguna forma la gente y el pueblo de Guatemala tengan justicia y que el caso no quede en la impunidad”, comentó a la agencia AFP Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Alianza por las Reformas, José Martínez, comentó que la condena será “una victoria para la ciudadanía que salió a manifestar su repudio contra la corrupción en 2015 y en años posteriores”.