En el marco de la XXIX Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, realizada en Cartagena de Indias, Colombia, y tras la iniciativa planteada por el titular de la Fiscalía General de la República, Rodolfo Delgado, se adoptó -entre otras conclusiones- el rechazo «a injerencias indebidas nacionales e internacionales que impidan a las fiscalías y procuradurías ejercer libremente sus funciones en la región iberoamericana».

El pronunciamiento, según Delgado en declaraciones a prensa institucional, se aluden a entes de apoyo en la investigación de delitos de corrupción, tal es el caso de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES), que fue inaugurada en 2019, pero fue disuelta, cuando el ahora jefe del Ministerio Público tomó las riendas de la FGR en 2021.

Bajo ese contexto, se reafirmó la «independencia y autonomía del Ministerio Público como pilar fundamental para garantizar el pleno funcionamiento del Estado de Derecho y como garantía del acceso a la justicia de los ciudadanos», además del «debido funcionamiento del sistema de justicia penal».

Por ello, se planteó la «ineludible necesidad de garantizar el respeto a la integridad de los miembros de las fiscalías y procuradurías como obligación de los poderes públicos».

Bajo esa premisa, el fiscal general salvadoreño, sostuvo que la seguridad de los miembros de los ministerios públicos de Iberoamérica no es negociable. “Tenemos que garantizar la seguridad durante sus desplazamientos, ya sea por motivos personales o bien relacionados con su trabajo como fiscales”, acotó.

Asimismo, Delgado reiteró el sentir de la Asociación en cuanto al rechazo “hacia las comisiones que son conformadas con la finalidad de suplantar las funciones delegadas a las fiscalías y a las procuradurías generales por la Constitución o por la ley, debido a injerencias tanto de otros Estados como de organismos internacionales, es decir, nosotros respondemos a la Constitución y nos debemos a ella para el cumplimiento de lo que nos manda”.

Durante la reunión también se confirmó el compromiso de trabajo de los miembros de la Asociación en aras de estrechar lazos de solidaridad, enriquecimiento profesional y fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional.

Por otra parte, se adoptaron estrategias comunes para enfrentar los retos que supone la delincuencia transnacional como la guía de cooperación en materia de extinción de dominio, decomiso y recuperación de activos; buenas prácticas en lavado de activos y criminalidad económica; además del modelo de protocolo para la derivación de casos a prácticas de justicia juvenil restaurativa, y cooperación de los ministerios públicos en materia de prueba ambiental.