Autoridades municipales que forman parte de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa en la Región del Trifinio, brindaron esta mañana su posición sobre los efectos sociales, económicos y ambientales que podrá ocasionar la explotación minera que la empresa canadiense Bluestone Resources, realiza en la mina del “Cerro Blanco”, ubicada en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa en Guatemala .

Según los gobernantes, dicha empresa extrae de la mina metales preciosos. Las aguas que ahí se utilizan son tiradas al río Ostúa, las cuales llegan al lago de Guija, y posteriormente al río Lempa.

Según César Franco, alcalde del municipio de Sinuapa, Honduras, dicha mancomunidad (Guatemala, Honduras y Nicaragua) integrada por 26 municipios, está comprometida con el rescate del río Lempa, pues es un recurso compartido, el cual produce anualmente 2 mil millones metros cúbicos de agua.

El edil apuntó que en 2007, el ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, aprobó un estudio de impacto ambiental de las empresas Entre Mares S.A., la cual había sido rechazada en dos ocasiones por el equipo de gestión ambiental de dicha entidad, ya que presentaba inconsistencias y falta de información. Con el estudio de impacto ambiental aprobado, la empresa tuvo la licencia de explotación del proyecto “Cerro Blanco”.

Según los ediles, la empresa “Entre Mares S.A” vendió sus derechos mineros a la empresa “Bluestone Resources” la cual pretende continuar con dicho proyecto, cambiando la minería subterránea, de túneles, por una de cielo abierto, la cual es “mucho más destructiva y cuyos daños al ambiente y el agua son irremediables e irreversibles”.

Franco comentó que dicha compañía aún no cuenta con la licencia ambiental para la extracción minera de cielo abierto, dado que no ha sido aprobado el estudio de impacto ambiental por parte del MARN de Guatemala.

“La minería a cielo abierto utiliza de manera intensiva grandes cantidades de cianuro, arsénico y sustancias que dañan la salud humana y de los ecosistemas”, señaló.

Además, agregó que si bien la minería puede traer beneficios económicos, para algunos habitantes de la región estos daños no compensan el daño ambiental, ni la salud de los habitantes.

Por su parte, Beedy Botto, alcalde de Candelaria de la Frontera, departamento de Santa Ana, El Salvador, exigió e hizo un llamado al gobierno de Guatemala, “para que cumpla el papel de actuar en beneficio de la población en cumplimiento de los derechos humanos, de los acuerdos y tratados internacionales, no aprobando la explotación minera, Cerro Blanco”.

Asimismo, solicitó que se dé cumplimiento al tratado Trinacional del Plan Trifinio que obliga al Estado de Guatemala a actuar de forma conjunta y coordinada con los países de El Salvador y Honduras.