La organización de derechos humanos, Amnistía Internacional presentó este jueves, las conclusiones iniciales de su «investigación de crisis» en El Salvador, en el marco del estado de excepción.

Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía, explicó que hace 3 años, antes de la toma de posesión del presidente Nayib Bukele, se reunieron para presentar su preocupación sobre la grave situación de derechos humanos que atravesaba el país.

En materia de seguridad, solicitaron: “diseñar políticas y estrategias que dejaran atrás los enfoques represivos y que incluyeran medidas centradas a atener las situaciones de violencia, prevención y rehabilitación. Sin embargo, al inicio del cuarto año de su gobierno podemos decir con contundencia que ha decidido apostar por estrategias y políticas ilegales y fallidas de pasado”.

Según Rosas, tanto el régimen de excepción y las reformas legislativas son “la máxima expresión de ese ataque a la legalidad y derechos humanos» y que además «refleja el fracaso del Plan de Control Territorial».

En este contexto Amnistía Internacional desplegó un equipo de investigación las últimas semanas. De acuerdo con las cifras brindadas por esta organización, contabilizan 36 mil personas, entre ellas menores de 18 años que han sido detenidas «en su mayoría de forma arbitraria», manifestaron.

“El salvador pasó de ser el país con la segunda tasa de personas presas per cápita más alta del mundo, a tener la primera. 1,164 personas por 100 mil habitantes, superando a Estados Unidos. Es decir, 1.7% de la población mayor de 18 años está tras las rejas”, detalló la titular.

La organización sostiene que la detención y procesamiento penal sin las debidas garantías judiciales de 36 mil personas en dos meses, no habría sido posible sin la complicidad de las instancias de justicia incluida la Fiscalía, la procuraduría y el poder judicial «que están sacrificando derechos humanos irrenunciables y asumiendo como un mal necesario el encarcelamiento generalizado e injusticia».

Por su parte, Zaira Navas, representante de CRISTOSAL, dijo que el gobierno aún no da respuesta de feminicidios, desapariciones forzadas, las cuales han sido denunciadas por dicha organización.

Navas asegura que tampoco obtienen respuesta de quienes son los responsables de las 87 muertes ocurridas el fin de semana de marzo, fecha, que según autoridades del Estado dio origen al régimen de excepción.

Asimismo, destacó la apertura de una plataforma que recibe casos como detenciones arbitrarias o abusos de autoridades. Del cual, hasta el momento “hemos atendido 850 casos de personas y denuncian detenciones arbitrarias, golpes, mal tratos, abusos, tortura”, declaró la defensora de derechos humanos.

CRISTOSAL denunció que las condiciones en los centros penales son “inhumanas”. “Hemos registrado 23 ejecuciones al interior de los centros penales. 4 de estos casos los hemos conocido de manera directa, las personas ya habían interpuesto el caso a nuestra organización y posteriormente nos reportaron que su familiar había fallecido”, puntualizó Navas.