Este martes, la Mesa de Protección a Periodistas brindó su posicionamiento en relación a la libertad de prensa y expresión a tres años del gobierno del presidente Nayib Bukele.

“Hemos denotado una serie de retrocesos y violaciones al derecho de libertad de prensa y expresión. Estos tres años han estado colmados de reformas al Código Penal, a la Ley de Proscripción a pandillas y reformas que van en detrimento de la labor periodística”, señaló la Mesa.

Los defensores resaltaron que actualmente “prevalece un aparato de propaganda y desinformación financiado con dinero público. Hay un aparataje de medios tradicionales, digitales dirigidos desde casa presidencial para atacar a todos los que el gobierno considera adversarios”.

De acuerdo con los representantes, los periodistas salvadoreños se han venido enfrentando a una narrativa de amenaza, ataques directos en redes sociales, estigmatización, seguimientos y vigilancia en sus zonas residenciales.

“Periodistas han sufrido hackeo de sus teléfonos celulares, por un programa que según la investigación, es usado por los gobiernos, lo cual refleja que es este gobierno quien ha realizado estas acciones”, manifestó Loyda Robles, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

Se han denotado serios retrocesos en la legislación existente, como la Ley de Acceso a la Información Pública, expusieron. “Hay un uso indiscriminado por parte de oficiales de la figura de reserva de información. Lo que lleva a violentar el derecho a las personas”, añadió Robles.

Por su parte, César Fagoaga, presidente de la asociación de Periodistas de El Salvador (APES), expuso las acciones periodísticas realizadas en lo que va del 2022. “El periodismo mostró este año, que el Plan Control Territorial, la acción insignia de la administración de seguridad pública, fue un fraude, algo que nunca existió; que en la pandemia no murieron 4,000 personas como nos ha pretendido engañar el ministro Alabi y el Ministerio de Salud, sino al menos 17 mil personas de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud”.

Fagoaga agregó que la Corte Suprema de Justicia trabajó como un despacho legal a favor de la no extradición de pandilleros hacia los Estados Unidos, que “el gobierno de Bukele al igual que los anteriores, tiene las manos manchadas de sangre al pactar contra los criminales”.

El titular explicó que tras el uso confirmado del software Pegasus, el cual afecto a más de 300 periodistas, la Asamblea Legislativa aprobó la figura de los agentes encubiertos digitales, donde se «legalizó el espionaje».

Los denunciantes advierten que a partir de estas reformas se ha preparado la mesa para la “criminalización”.

“Estas reformas llevan a la autocensura. Muchos periodistas temen publicar algo de pandillas, porque no saben cuáles son los alcances, si esto va a derivar en capturas”, expresaron los agremiados.

Los asociados hacen un llamado a la ciudadanía de apoyar al periodismo libre e independiente, ya que son “los últimos reductos que van quedando para poder informarse verazmente”.