«La Procuraduría siempre ha estado del lado de las víctimas». Así defendió Apolonio Tobar, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el trabajo de la institución frente a los cuestionamientos de la ciudadanía referente al papel que adopta la institución para defender a los privados de libertad detenidos en el Régimen de Excepción.

Este lunes, en la entrevista Diálogo de Canal 21, el funcionario afirmó que, en el marco del período de suspensión de algunos derechos constitucionales, desarrollado para contener la escalada de violencia perpetrada por miembros de pandillas, la entidad se ha pronunciado tanto por la investigación del delito y la defensa de las víctimas, mediante el Plan Nacional de Verificación, por lo que descartó que se «esté defendiendo a victimarios».

«Nosotros no vamos a promover la defensa por una persona que haciendo uso de esos niveles de violencia, le genera afectaciones al derecho más preciado de un ciudadano, la vida. La Procuraduría se ha pronunciado por los familiares de las personas asesinadas y todas que tristemente han sido asesinadas y desaparecidas en esta ola de violencia», defendió el jefe del ministerio público.

No obstante, Tobar justificó la defensa de privados de libertad, en el contexto de tratados internacionales vigentes y constitucionales, y por ello aseguró que se ha brindado asesoría legal y psicológica en favor de las familias de víctimas de homicidio, por medio del plan de verificación llevado a cabo por la PDDH.

Ante ello dijo: «La Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 7, ya establece cuáles son los derechos que les asisten, y que estén planteados los derechos ahí, no quiere decir, bajo ningún punto de vista, que se esté defendiendo criminales».

«No defendemos delincuentes, ni los hemos defendido, ni los vamos a defender, vamos a defender a las víctimas. Entendemos los derechos fundamentales que a todas las personas los asisten, uno es el trato digno, al trato adecuado y el ejercicio que la Constitución mandata», defendió.

«No defendemos a una persona porque pertenezca a un grupo delincuencial, esa es la percepción que estamos tratando de quitar, porque es una percepción que se ha generado por varios años; la Procuraduría no puede dejar de inspeccionar en retenes policiales, centros de detenciones, en hospitales, en todo aquel lugar que se presuma afectaciones a derechos fundamentales», indicó.

En ese contexto, 67 denuncias ha recopilado la PDDH y están relacionados a procedimientos por parte de las autoridades gubernamentales. 33 están vinculadas a detenciones arbitrarias, 11 a ampliaciones de plazos de detenciones administrativas, 5 casos de restricción de derechos no contemplados en el régimen de excepción o la condena judicial, 4 por detenciones sin autorización judicial, 4 sobre la negativa de agente o funcionario de proporcionar la ubicación exacta de una persona privada de libertad, 1 de tratos crueles, 1 de maltrato y 1 por uso desproporcionado por la fuerza.

El Gobierno ha informado que en lo que va del período excepcional, se han capturado a 5,184 sujetos, miembros de pandillas MS, 18S y 18R, quienes tienen nexos con el repunte de homicidios.

Los individuos serán procesados con las nuevas reformas que aprobó la Asamblea Legislativa que van encaminadas a aumentar las penas carcelarias por delitos de extorsión, homicidio, actos de terrorismo, tráfico de drogas y violación. Asimismo, las condenas aumentarán si los ilícitos los cometen menores de edad.