«Algunos sectores quieren que digamos cosas que ellos quieren escuchar, pero la institución de derechos humanos es independiente, del accionar del gobierno (y) del accionar de sectores». Esta fue la respuesta de Apolonio Tobar, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, a los sectores que criticaron el informe preliminar de la institución sobre las condiciones de los detenidos en Régimen de Excepción que permanecen recluidos en el Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona.

Según Tobar, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), realizó una visita en dicho reclusorio para comprobar que se garantizaran las condiciones mínimas para los privados de libertad, como alimentación, medicamentos y comprobar los presuntos actos de violaciones a derechos humanos que denunciaron organizaciones de la sociedad civil.

De acuerdo a un reporte de la PDDH, Tobar llegó la semana pasada a Mariona haciéndose acompañar del Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro y el Director de Centros Penales, Osiris Luna, a efecto de verificar las denuncias. En ese sentido, la Procuraduría determinó que la población reclusa ha sido separada según su pertenencia o no a pandillas, contagiadas por enfermedades como tuberculosis y padecimientos crónicos. Además comprobaron que los reos están recibiendo alimentación tres veces al día; acceso a jornadas de luz, procesos formativos, recreación; y reciben los kit de higiene personal que envían los familiares y traslado a centros médicos en emergencia.

Sin embargo, el jefe del Ministerio Público dijo este lunes, en la entrevista Diálogo de Canal 21, que no iba a «decir lo que no vi». 

«Vamos a decir lo que nosotros conforme a la investigación objetiva y técnica, tengamos, no vamos a decir lo que algunas organizaciones, lo que el gobierno, lo que un periodista quiera escuchar. Nuestro accionar está enmarcado en lo que nos mandata la Constitución de la República y dándole seguimiento y cumplimiento a los procesos previstos en la ley para obtener la información y presentar las conclusiones», manifestó el funcionario.

Por otro lado, Tobar hizo énfasis de la necesidad de aumentar el espacio para los detenidos, que según cifras del Gobierno, ya alcanzan las 55,000 capturas, solo en el período de Régimen de Excepción.

«Por supuesto que no hay condiciones óptimas. El comunicado (de la PDDH) solo ha sido leído en la parte que les conviene para hacer las críticas, porque lo que se hace en algunas oportunidades es buscar la deficiencias pero no advertir lo positivo que se hace. Nosotros ahí dijimos que con base a las entrevistas que obtuvimos, que en los últimos meses el espacio se ha reducido y que eso genera hacinamiento, por eso en las recomendaciones del comunicado ponemos que se debe generar más espacios para minimizar el hacinamiento», señaló.

Las organizaciones de la sociedad civil, como Cristosal, dan cuenta de al menos 55 privados de libertad fallecidos y agresiones dentro de las cárceles de Mariona y el Centro Penal de Izalco, en Sonsonate; además cuestionaron a Tobar por presentarse al recinto carcelario con las autoridades de Seguridad.

Ante ello, Tobar mencionó que «ahora que hemos ido a Mariona nos dicen que vayamos a Izalco, siempre ha habido cuestionamiento, hay agenda de medios de comunicación y algunas personas para mantener un ataque a la institución […] somos instituciones parte del Estado y estamos obligado a combinar esfuerzos, unos creen que mantener el discurso de confrontación, va a funcionar la tutela de derechos humanos, no, eso sirve solo para hacer noticias para algunos».

PDDH acumula más de 2 mil denuncias en tres meses de Régimen de Excepción

A tres meses de vigente el Régimen de Excepción, solicitado por el Gobierno para responder a la escalada de violencia que protagonizaron las pandillas MS y 18 a mediados de marzo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha recibido 2,673 denuncias, indicó el titular de esta institución, Apolonio Tobar.

El 22 de junio pasado, los Diputados obtuvieron la aritmética necesaria para aprobar un cuarto período excepcional, que concluye el 22 de julio. Este decreto comprende la suspensión de derechos constitucionales como la libertad de asociación y reunión, el derecho a defensa, el plazo de detención administrativa se amplía a más de 72 horas; también se permiten las intervenciones telefónicas.

«En tres meses que va el Régimen hemos recibido 817 denuncias el primer mes, 1,114 el segundo mes y 742 el tercer mes […] igualmente en ese período, hemos desempeñado 12,960 acciones de protección», detalló el funcionario este lunes.

Según el informe, el derecho más denunciado es el de la libertad personal, con 1,891 denuncias. Mientras que por violaciones al derecho a la vida, relativos a las muertes en los centros penitenciarios, el Ministerio Público investiga, entre marzo y mayo 2022, 18 denuncias. Datos de la Policía Nacional Civil dan cuenta de 44,036 capturas hasta el 2 de julio, por delitos relativos a pandillas. 

En una entrevista televisiva, Tobar indicó que los informes fueron remitidos al cuerpo diplomático acreditado en El Salvador y las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.