Tras una larga discusión, los Diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la noche del miércoles, una décima prórroga del Estado de Excepción. La ley, que fue llevada el mismo día por el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, se aprobó con 67 votos, de los parlamentarios afines al oficialismo.

La medida está vigente en el país desde el pasado 27 de marzo. En ese tiempo, se han efectuado más de 61,000 detenciones de personas vinculadas con grupos terroristas.

Entre los detenidos hay cabecillas de maras; también se ha  desmantelado 200 campamentos, se han incautado más de 2 mil armas de fuego y 14,500 teléfonos celulares. También han sido decomisado $1.5 millones en efectivo, proveniente del cobro de las extorsiones, y $266 millones en droga, aseguró Villatoro, horas antes de presentar la propuesta.

Por su parte, el presidente del congreso, Ernesto Castro deslizó la posibilidad de que esta ley se vaya ratificando durante más tiempo. “Vamos a seguir aprobando el Régimen de Excepción las veces que sea necesario, hasta que no quede ni un pandillero en las calles”, agregó.

De acuerdo con la iniciativa, la ley entra en vigencia el 17 de enero y culminará sus efectos el 15 de febrero próximo.

¿En qué consiste el Régimen?

Con el decreto quedan suspendidos por 30 días más los derechos de defensa, artículo 12 inciso segundo de la constitución; el plazo de detención de 72 horas, artículo 13 inciso segundo; y la inviolabilidad de la correspondencia, artículo 24.

Por otra parte, las autoridades pueden realizar allanamientos e incautaciones de bienes de personas que tengan vinculación de pandillas. Adicionalmente, se les imputará el delito de Agrupaciones Ilícitas.

Los resultados dejados por la medida

Los representantes del Gabinete de Seguridad expusieron que el 2022 fue el año menos violento en la historia del país, según los índices obtenidos en materia de seguridad.

“Nuestra meta es dejar a El Salvador libre de pandillas y es por eso que hemos solicitado a la Asamblea Legislativa los cambios necesarios a las leyes penales y a las leyes procesales para garantizar a la población que los terroristas capturados y los que faltan no salgan nunca de la cárcel”, expresó el ministro Villatoro.

De acuerdo al funcionario, en 2021, la tasa de muerte en el país fue de 18.1 %; mientras que el 2022 fue de un 7.8 % (el número de homicidios en total fueron 495).

Ante esto, durante todo el año pasado el promedio de homicidios diarios fue de 1.35 %, incluyendo los primeros tres meses que no se contaba con el régimen, pero al ser implementada esta herramienta fue de 0.67 % asesinatos diarios.

En la región, Guatemala reporta la tasa de homicidios de un 17.3 %; en Honduras, 29.32 %; mientras que en Panamá es del 10.61 %; en Costa Rica, 12.6 %; y finalmente, en Nicaragua es del 18%.

A nivel de Centroamérica, la tasa de muertes por cada 100 mil habitantes es de 7.8% y esta cifra es más baja de la que reporta Costa Rica, nación que siempre se ha destacado por tener reportes de pocos hechos de violencia.

En diciembre de 2015, el año fue cerrado con 585 homicidios, pero en el mismo mes de 2022 fueron 14 asesinatos, según argumentó Villatoro.

En estos nueves meses del régimen, las autoridades de seguridad han ejecutado más de 50 operaciones fuera del territorio salvadoreño para detener a los pandilleros.

Por su parte, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, indicó que de los 495 homicidios, el 65 % ocurrieron en los primero tres meses en donde aún no estaba aplicado el régimen. El otro 35 % se dividen en los otros nueve meses de 2022.

Denuncias

Además de la cifra de capturados, el Gobierno ha reportado que unas 3,000 personas han sido liberadas, pues en tribunales se ha comprobado que no existe nexos con pandillas.

Entre las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han registrado más de 7.400 denuncias de atropellos por parte de las autoridades y cuerpos de seguridad.

La mayoría de estas denuncias son por detenciones arbitrarias y se le suman señalamientos de tortura y la muerte de más de 90 personas bajo custodia estatal.

Solo la organización Cristosal dio a conocer al cierre de 2022 que registró 3.211 casos de personas “vulneradas en sus derechos”.

El 97,5% de las denuncias son por detenciones arbitrarias, el 25,2% por allanamiento ilegal de morada y un 10,3% por malos tratos, en los que “cada persona pudo ser víctima de uno o más hechos”.