Un propuesta de «Ley Especial para la Protección Integral de Personas Periodistas, comunicadores y trabajadoras de la Comunicación» fue presentada este miércoles por diputados de ARENA y Nuestro Tiempo ante la Asamblea Legislativa.

Dicha normativa se refiere a la iniciativa original de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) que ingresó en la anterior legislatura, pero que fue enviada a archivo por la Comisión de Legislación de la nueva conformación de diputados.

«Surge (la propuesta actual) en un momento histórico en el que el periodismo y los periodistas están bajo ataque del Estado, un estado que no logra comprender que la guerra no es contra la información […] Estamos presentando junto al esfuerzo de APES este proyecto, viene llenar un vacío y que hoy es necesario contra la afrenta y ataque del gobierno hacia el periodismo y la libertad de expresión, se necesita un instrumento legal», señaló el jefe de fracción tricolor, René Portillo Cuadra.

Los diputados que presentaron la iniciativa hicieron referencia a la reforma que castiga hasta con 15 años de cárcel a periodistas por transmitir mensajes relativos a las pandillas.

Cuadra expuso que la Comisión de Legislación anterior se estancó la aprobación de dicha ley por falta de apoyo del presidente de ese momento, el exdiputado de GANA, Mario Tenorio.

La propuesta contempla mecanismos de protección para periodistas frente a hechos de violencia social, protección de derechos laborales, implementación de mecanismos de atención oportuna ante amenazas graves, prevención y atención de casos de violencia a mujeres periodistas, así como crear un espacio articulado entre entidades públicas con gremios de periodistas y organizaciones de derechos a la libertad de expresión.

El proyecto de ley que se había avanzado

En la anterior Asamblea se avanzaron algunos artículos de la ley, pero no se aprobó ante inasistencias de diputados, falta de agenda y puntos estancados.

Entre los artículos que se habían aprobado están que los periodistas no serán responsables por los daños de los aparatos que brinda el medio de comunicación, siempre y cuando haya sido en el uso de su labor periodística.

Así también, se aclaró sobre la libertad de prensa, pues se establece que no habrá restricción a la búsqueda de información en convocatorias, conferencias de prensa, coberturas en general y de acontecimientos judiciales, esta última solo se efectuará si no existe una reserva dictada por ley.

Uno de los puntos en los que no se llegó a acuerdo fue la sanción sobre el incumplimiento a la libertad de prensa; la APES propuso que sea una multa de 10 a 30 salarios mínimos, así como una pena carcelaria de 4 a 6 años; infracción que tendría un agravante si se restringe a los actos públicos donde se vean involucrados funcionarios públicos; esto solo procedería si el periodista posee su identificación como profesional del medio, servicio social, pasantía o independiente.

En ese momento se aprobó la Comisión Nacional de Protección a Periodistas que incorpora gremiales e instituciones estatales como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio de Trabajo; donde se atendería casos de agresiones o vulneraciones a periodistas como problemas con pandillas, afectaciones por su cobertura periodística, así como desplazamiento forzado.