Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron –con 67 votos- una nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones.

También fue avalada la Ley  de Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) con 64 votos y la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y Disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), con 65 más.

“Estamos haciendo justicia en nuestro país. En 2019, la población tomó las riendas para cambiar la situación en esta nación y lo logró con la llegada del Presidente Nayib Bukele. Algo admirable es que él ha tomado las decisiones que los presidentes anteriores no hicieron”, comentó el diputado presidente de este Órgano de Estado, Ernesto Castro, quien felicitó al equipo de Gobierno que trabajó en este articulado.

En la sesión plenaria número 87, los legisladores expusieron que la edad de jubilación se mantiene, las mujeres se retiran a los 55 años; mientras que los hombres, a los 60. Cuando esto ocurra, el monto mínimo de jubilación  que recibirán será de $400, esto gracias al incremento del 30% de las cotizaciones, incluyendo a las de las personas que ya están pensionadas.

También se mantiene el tiempo de cotización para pensionarse, es decir un tiempo mínimo de 25 años de labores y se mantiene la pensión vitalicia al terminar el saldo de la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones (CIAP).

Según la bancada oficialista, en tiempos pasados, los gobiernos no aplicaron a la ley anterior reformas que velaran por los beneficios de los trabajadores de manera general. Incluso, el Estado ha gastado $346 millones del Fondo de Pensiones para mantener las “jubilaciones VIP” aplicadas a 684 personas, quienes gozan de pensiones mayores a los $5 mil. Sin embargo, con este nuevo articulado estos montos se reducirían a $3 mil (techo máximo), lo que representaría un ahorro anual de $6.5 millones.

“La oposición habla sin argumentos. Sabemos que continúa recibiendo órdenes de sus patrones, es su principal característica. No entienden nada de lo que estamos haciendo”, afirmó el presidente Castro. “La oposición no logra entender que debe prevalecer el bienestar colectivo antes que el individual. No entiendo porqué dicen que lo único bueno de la iniciativa que vamos a aprobar es solo el aumento de las pensiones”, agregó.

Ante esto, la diputada Suecy Callejas, quien fungió como presidenta de la Comisión Ad Hoc que estudió la propuesta de esta nueva ley, hoy avalada como tal, dijo que: “Nadie tiene la moral de venir a decirnos que lo pudimos hacer mejor. Esas pensiones de hambre que muchos tienen actualmente se deben a los que defienden hasta la fecha esas malas reformas de 2017”.

“Heredamos un desorden en el tema de las pensiones. Es importante que los cotizantes tengan una pensión justa y nunca, en 26 años, hubo un incremento para todos, sino solo para pocos con esas pensiones VIP”, comentó en su participación el legislador Rodrigo Ayala.

Además, se aumenta un 1% la tasa de cotización del sistema, por lo que pasará del 15%  al 16%. Este incremento será asumido por el empleador, llegando al 8.75% y manteniendo en 7.25% el aporte del trabajador.

La ley indica que habrá una reducción de la comisión emitida a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), por lo que pasará del 1.9% a 1% y se implementará un incremento de la Rentabilidad del Fondo de Pensiones, que pasará del 4% al 7%.

“Este es un momento de justicia. Un día como hoy, un 20 de diciembre de 1996, nació la mezquina ley de pensiones, aprobada a las 2:00 de la mañana, mientras el pueblo dormía. Pero hoy muere esa ley que nació de la ambición desmedida de una élite económica y que se fraguó en una oficina privada y a escondida de los trabajadores, quienes siempre fueron ignorados en el pasado”, argumentó el diputado José Urbina.

De acuerdo a este legislador, hubo 16 reformas en el anterior articulado y ninguna fue para beneficiar a los trabajadores y menos para implementar algún incremento en las pensiones.

“100 mil personas se podrán pensionar y decenas de miles de jóvenes van a poder optar por un trabajo, porque ya van poder estar vacantes las plazas que las personas utilizaban por no poder jubilarse por la pobreza de pensiones que se amparaba antes”, explicó la diputada Callejas.

La versión de los diputados miembros de la comisión ad hoc, es que durante el estudio de los 164 artículos fueron recibidos 12 actores involucrados en el proceso de consulta: El Ministerio de Trabajo, la Superintendencia Adjunta de Pensiones, Banco Central de Reserva (BCR), Movimiento No Más AFP, la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM), Sindicato de los Trabajadores de la Corte de Cuentas de la República (SITCCOR), Sindicato de Trabajadores del FOSALUD (SITRAFOS), Sindicato de Trabajadores de Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SITRAANDA), Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Gobernación (SITRAMIG), Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), Unidad Sindical y Ministerio de Hacienda.

El retiro del 25% de sus ahorros

Quienes ya retiraron un adelanto de sus ahorros no tendrán que devolver el dinero, no pagarán más de lo que ya cancelan, se jubilarán a la misma edad y su pensión también aumentará, aunque en un porcentaje menor de quienes no retiraron el adelanto.

“El famoso anticipo representó un desfinanciamiento de mil 70 millones de dólares al fondo de pensiones. Son unos sinvergüenzas, porque ustedes generaron que se desfinanciara el sistema sabiendo que ya lo estaba en un 80%”, externó la diputada Callejas, al dirigirse a los miembros de la oposición.

Por otro lado, los salvadoreños de la diáspora también podrán cotizar voluntariamente en el sistema para recibir los beneficios de un ahorro previsional rentable, seguro y en El Salvador.

La creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones 

El Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) será la entidad encargada de velar por los derechos de los cotizantes, regulará los fondos de pensiones y asumirá las obligaciones adquiridas previamente

El ISP absorberá al Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) y deberá asegurar las fuentes de financiamiento sostenible para el cumplimiento de los derechos previsionales. 

La Superintendencia de Pensiones seguirá funcionando y hará labores de supervisión, pero en relación al funcionamiento estándar del sistema. El ISP, en cambio, entrará en las actuaciones diarias para prevenir o actuar ante cualquier abuso que se cometan contra los usuarios.

El Banco Central de Reserva (BCR) es el ente regulador del sistema financiero y esto incluye a las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que están vigentes (Confía y Crecer), luego de que en 1996 el partido ARENA privatizara este sistema, en donde operaban cinco de estas: AFP Confía, AFP Profuturo, AFP Previsión, AFP Porvenir, AFP Máxima.

Referente al ISP, trabajará de manera coordinada con la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y con el BCR para garantizar que las pensiones de este nuevo sistema se cumplan y que beneficien directamente al sector laboral. 

Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales del FOP

De acuerdo al nuevo articulado, se disuelve y se liquida el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), mismo que deberá transferir al ISP sus activos pasivos y patrimonio.

También se crearán los Certificados de Obligación Previsional (COP), que servirán para financiar las obligaciones del Sistema Público de Pensiones (SPP). Se sustituirán los Certificados de Inversión Previsional (CIP) emitidos a la fecha, por los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), mismos que serán emitidos por el ISP.

El Presidente la Asamblea Legislativa dijo que con este nuevo articulado se deroga la ley que dio vida al FOP, mismo que «utilizaron los gobiernos de ARENA -desde la administración de Antonio Saca- y del FMLN para financiarse a través de los fondos de pensiones».