Tras una larga discusión, los Diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la noche del martes, una onceava prórroga del Estado de Excepción. La ley, que fue llevada el mismo día por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, se aprobó con 67 votos de los parlamentarios afines al oficialismo.

La medida está vigente en el país desde el 27 de marzo del 2022. En ese tiempo, se han efectuado más de 64,111 detenciones de personas vinculadas con grupos terroristas.

Entre los detenidos hay cabecillas de maras; también se ha desmantelado 230 campamentos. Además, se han incautado 2,326 armas de fuego, 2,945 vehículos, 15,312 teléfonos celulares y $1.7 millones de dólares en efectivo, según Villatoro, horas antes de presentar la propuesta.

Según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se estima un aproximado de 3,745 personas liberadas al no comprobársele vínculos con pandillas y unos 57 mil individuos han sido enviados a detención provisional por orden de un juez.

Por su parte, el presidente del congreso, Ernesto Castro deslizó la posibilidad de que esta ley se vaya ratificando durante más tiempo. “Vamos a seguir aprobando el Régimen de Excepción las veces que sea necesario, hasta que no quede ni un pandillero en las calles”, agregó.

De acuerdo con la iniciativa, la ley entra en vigencia el 26 de febrero y culminará sus efectos el 17 de marzo próximo.

¿En qué consiste el Régimen?

Con el decreto quedan suspendidos por 30 días más los derechos de defensa, artículo 12 inciso segundo de la constitución; el plazo de detención de 72 horas, artículo 13 inciso segundo; y la inviolabilidad de la correspondencia, artículo 24 de la Constitución de la República.

Por otra parte, las autoridades pueden realizar allanamientos e incautaciones de bienes de personas que tengan vinculación de pandillas. Adicionalmente, se les imputará el delito de Agrupaciones Ilícitas.

Los resultados dejados por la medida

Los representantes del Gabinete de Seguridad expusieron que el 2022 fue el año menos violento en la historia del país, según los índices obtenidos en materia de seguridad.

“Nuestra meta es dejar a El Salvador libre de pandillas y es por eso que hemos solicitado a la Asamblea Legislativa los cambios necesarios a las leyes penales y a las leyes procesales para garantizar a la población que los terroristas capturados y los que faltan no salgan nunca de la cárcel. Ya son 300 días sin homicidios, un logro histórico”, expresó el ministro Villatoro.

De acuerdo al funcionario, en 2021, la tasa de muerte en el país fue de 18.1 %; mientras que el 2022 fue de un 7.8 % (el número de homicidios en total fueron 495).

Ante esto, durante todo el año pasado el promedio de homicidios diarios fue de 1.0 %, incluyendo los primeros tres meses que no se contaba con el régimen, pero al ser implementada esta herramienta fue de 0.67 % asesinatos diarios.

En estos nueves meses del régimen, las autoridades de seguridad han ejecutado más de 50 operaciones fuera del territorio salvadoreño para detener a los pandilleros.

Por su parte, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, indicó que de los 495 homicidios, el 65 % ocurrieron en los primero tres meses en donde aún no estaba aplicado el régimen. El otro 35 % se dividen en los otros nueve meses de 2022.

Denuncias

Entre las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han registrado más de 7.400 denuncias de atropellos por parte de las autoridades y cuerpos de seguridad.

La mayoría de estas denuncias son por detenciones arbitrarias y se le suman señalamientos de tortura y la muerte de más de 100 personas bajo custodia estatal.

Solo la organización Cristosal dio a conocer al cierre de 2022 que registró 3.211 casos de personas “vulneradas en sus derechos”.

El 97,5% de las denuncias son por detenciones arbitrarias, el 25,2% por allanamiento ilegal de morada y un 10,3% por malos tratos, en los que “cada persona pudo ser víctima de uno o más hechos”.