La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador, ratificó la resolución dictada por el Juzgado 3° de Instrucción, de denegar la solicitud de medidas sustitutivas a la detención que presentó el empresario Catalino Miranda.

La defensa de Miranda, interpuso en abril un escrito solicitando a la Cámara que revisara el fallo de la jueza, puesto que habían presentado arraigos necesarios para decretar su liberación, como constancias laborales y pago de planillas; asimismo la prueba domiciliar, que consiste en la declaración de vecinos que conocen a Miranda y escrituras de propiedad. Estos fueron recopilados y se llevó a la jueza para que programara una audiencia especial de revisión de medidas.

Como resultado, la jueza dijo que era «una petición dilatoria» y rechazó la documentación. El abogado de Miranda, Rolando Aparicio, aseguró que la respuesta fue llevada a la Cámara y esta, contrariamente a su primer fallo, le dio la razón a la jueza.

«Se tuvo a bien conseguir toda esa documentación, presentarla a Juzgado 3° de Instrucción, y decirle: aquí está lo que Cámara dice que falta. Vino la jueza y dijo que fue una petición dilatoria y repetitiva, le puse revocatoria, manifestándole que no era así, que por el contrario estaba exponiendo elementos que la Cámara dijo que faltaban. Apelé y dije a Cámara: ‘Mire aquí está lo que ustedes pidieron, la jueza no quiere valorarlo y admitirlo’. Y Cámara dijo que tenía razón el juez y no nos dio la medida», relató. 

A Miranda se le acusa de Resistencia y Desórdenes Públicos y Venta a Precio Superior del pasaje en sus unidades de la ruta 42 y 152 sin autorización del Viceministerio de Transporte.

Por Resistencia fue absuelto y Venta a Precio Superior recibió libertad bajo fianza de $5,000 que ya fueron cancelados.

No obstante, por Desórdenes Públicos, el Juzgado Décimo de Paz ordenó Instrucción Formal con Detención Provisional. Pero para Aparicio, el delito no procede porque presentaron videos de las oficinas de las rutas 42 y 152 que constan que Miranda se entregó pacíficamente a las autoridades.

«Es contradictorio que digan que hubo desórdenes, si no se calificó la resistencia, quiere decir que no se generó un desorden público previo», explicó el abogado.

La audiencia preliminar será el 7 de junio, donde se harán entrevistas de testigos del día en que sucedieron los hechos.