Miembros de Comunidades Eclesiales de Base presentaron este martes un numeroso pliego de recursos de Hábeas Corpus a favor de sus familiares detenidos en el Régimen de Excepción.

Las Comunidades del Bajo Lempa del Departamento de Usulután, señalaron que en esta zona, la cantidad de detenidos es tal que muchas familias han quedado sin el principal proveedor. Algunas capturas, aseguraron, se hicieron fuera del margen de la ley, pues los policías y soldados se han llevado a personas que no están vinculadas a pandillas.

«Pedimos la liberación de los familiares, queremos que agilicen el proceso para su investigación, queremos saber su estado de salud y alimentación, queremos que todas las pruebas recabadas demuestren su inocencia», señaló una de las representantes de las comunidades.

Abogados de la Asociación Tutela Legal María Julia Hernández, quienes acompañaron la presentación del recurso, aseguraron que un soldado o policía no tienen las facultades para determinar que una persona cometió asociaciones ilícitas, que son los delitos que les imputaron a los habitantes del Bajo Lempa. En ese contexto, subrayaron que es un juez quien debe determinar la configuración de delitos. 

Ovidio González, representante de Tutela Legal, señaló que el Régimen de Excepción no transgrede la presunción de inocencia, y los procedimientos de captura en flagrancia y la detención con pruebas, como establece la Constitución de la República.

Por lo que los demandantes, dijeron, pueden ampararse al Hábeas Corpus, este principio legal proporciona la garantía de poder comparecer de forma inmediata y pública ante un Juez para que este determine si el arresto fue o no conforme a la legalidad y si debe mantenerse o interrumpirse. El procedimiento habeas corpus busca proteger al ciudadano ante una detención que pueda no ser legal. Es decir, evitar que se produzca o prolongue una detención si no hay un motivo legal que lo justifique.

Ruth López, abogada de Cristosal, indicó que esta y otras organizaciones, ha presentado 117 recursos de Hábeas Corpus, 80 de ellos fueron interpuestos en la Sala de lo Constitucional, el resto fueron llevados ante jueces de Cámara en el territorio. «Solo dos han sido admitidos, el resto se encontraba en estudio, y en algunos se había declarado incompetente la Cámara», manifestó.