En reacción a un supuesto anteproyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador (UES) que circula en redes sociales, el Consejo Superior Universitario (CSU) se pronunció rechazando su autoría.

Mediante un comunicado, el organismo recordó que la Asamblea General Universitaria (AGU) es la única instancia que puede proponer modificaciones a dicho cuerpo normativo, según lo dispone su artículo 19.

«El referido documento es producto de personas con intereses particulares, entre los que esperamos no haya miembros de la comunidad universitaria, que solo persiguen sus propios y egoístas objetivos», manifestaron, y señalaron que se busca «sembrar discordia» entre la comunidad universitaria, para gobernar «de manera fraudulenta» esta casa de estudios.

Según el CSU, la propuesta no recoge «el sentir y pensar de la comunidad universitaria» y a su vez lo calificaron como un documento inconsulto con sectores académicos que se ven directamente influenciados con las virtuales reformas.

En el documento sin fecha y firma, se lee que la iniciativa va dirigida a cooptar la autonomía del Alma Máter, pues dejan sin efecto todas las autoridades de la universidad, crean nuevos organismos con una conformación completamente diferente, desaparecen las Asambleas Universitarias, el Consejo Superior Universitario, los profesionales no docentes quedan afuera y además, se sujeta el nombramiento de las autoridades de la UES a las ternas que autorice el Ministerio de Educación.

“El nombramiento de las Autoridades implicaría una anulación de la autonomía universitaria y seria de carácter inconstitucional porque el artículo 61 de la Constitución reconoce esa independencia”, enfatizó la Decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la UES en una entrevista televisiva.

En ese sentido, la Universidad rechazó y condenó la propuesta por atentar contra la autonomía universitaria, pues actualmente brinda condiciones para que el desarrollo académico y científico no se vea sometido a la coyuntura política. «Asegura su facultad de autonormarse, elegir a sus autoridades y asumir el ejercicio de sus funciones básicas, bajo el consenso de sectores», añaden.