La organización Cristosal presentó este lunes el informe denominado: “Desplazamiento forzado interno y COVID 19, su impacto en la vida de niños, niñas y adolescentes y sus familias”, en el que se señala la existencia de desplazamiento forzado interno por causa de violencia en diferentes zonas o puntos del país, situación que se agrava al no concretarse una ley que, según los representantes de la organización, no tiene reglamento ni presupuesto para que funcione, afirmó la directora de Investigación de Derechos Humanos, Rina Montti.

“En cuanto a los derechos básicos, se evidencia la necesidad de fortalecer y facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y alimentación (…) Seguimos registrando casos de desplazamiento forzado interno por violencia, y seguimos teniendo una ley sin reglamento y presupuesto para que funcione por lo que es importante y urgente que funcione la protección a las víctimas”, mencionó la especialista de Cristosal.

Con respecto a la situación de COVID-19, Monti indicó que ya existían elementos que agravaban la situación de comunidades y familias en una crisis humanitaria.

“El marco del COVID ha venido a agravar una situación más precaria a nivel humanitario en las familias, es decir, que ya no se están enfrentando a tener que reubicarse o incluso tratar de pasar desapercibido para los victimarios que en la mayor parte de veces continúa siendo pandillas, sino que también tienen que estar asumiendo los costos económicos de su seguridad y además estar lidiando con el incremento de la canasta básica y demás costos que han subido en el marco del COVID”, enfatizó.

Hallazgos que revela informe

Dentro del informe presentado por Cristosal indica que el país no cuenta con una ruta de protección integral dirigida a la población en situación de inseguridad. Además, en cuento a la implementación de protocolos se seguridad, las instituciones locales se identifican como un puente entre organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales.

Con relación a la educación la organización afirma que se evidencia la necesidad de una adecuada atención a los casos de adolescencia desplazada pese a que, en algunos casos, aunque se encuentren incluidos en el sistema educativo se reflejan desigualdades de oportunidades, señala la organización.

Con relación al tema de salud se observa que las personas por situaciones de emergencia tienen que trasladarse de un centro asistencial a otro sin que se les brinde una solución o atención a sus problemáticas de salud.

En la parte económica se destaca que la crisis generada por la pandemia de COVID-19 ha generado un aumento del ingreso de la juventud al mercado laboral en busca de una mejor oportunidad de ingreso económico para sus familias.