Este martes, la organización de derechos humanos, Cristosal, se pronunció ante el régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa, el sábado anterior, el cual tendrá una duración de 30 días en todo el territorio nacional y que suspende diversas garantías.

La organización asegura que dicho decreto “vulnera la Constitución de la República y posibilita violaciones de derechos humanos, lo cual no representa una medida eficaz contra la violencia delictiva”.

“Manifestamos nuestro repudio a la escala de homicidios que, en apenas tres días, cobró la vida a 87 personas, entre el 25 y el 27 de marzo de 2022. Expresamos nuestra profunda solidaridad con las victimas de violencia y familiares, cuya asistencia y protección inmediata debiese ser una prioridad para el Estado”, señala el comunicado.

CRISTOSAL manifestó que no es primera vez que se ha dado un incremento repentino de homicidios, “casi siempre originados por reacciones de las pandillas a medidas que el gobierno ha implementado y han resultado fallidas para controlar la delincuencia”.

Manifestaron sentirse preocupados ya que dicho régimen ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa sin ningún debate y estudio que requiere una decisión de esta trascendencia.

“El Decreto 333 fue aprobado con dispensa de trámite y está viciado de varias falencias que derivan de vulneraciones a la misma Constitución, la jurisprudencia sobre el tema y los tratados internacionales de derechos humanos”, indica el pronunciamiento.

Ante esto, los defensores hacen un llamado a la Presidencia e instituciones que integran el sistema de justicia y seguridad pública a «evitar la improvisación» y apegar sus actuaciones en el marco del estricto respeto de la Constitución y de los derechos humanos.

Asimismo, que respondan con un enfoque de seguridad ciudadana integral, haciendo uso de la inteligencia, la tecnología y el marco jurídico vigente.

CRISTOSAL finalmente indicó que los “regímenes de excepción no justificados y arbitrarios no suponen medidas que solucionen las causas y efectos complejos de la violencia delictiva, ni sustituyen a las verdaderas políticas y planes de seguridad eficaces, transparentes y participativos”.