Este martes, la fundación Cristosal y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentaron una demanda de inconstitucionalidad, contra las reformas al artículo 345 del Código Penal y el artículo 1 de la Ley de Proscripción de Pandillas que castigan con cárcel las coberturas de prensa sobre pandillas.

Ruth López, Jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal señaló que las enmiendas aprobadas por la Asamblea Legislativa para responder al Régimen de Excepción implementado por las pandillas, adolece de criterios de forma, pues toda ley avalada por los Diputados, debe entrar en vigencia a partir de 8 días de publicada en Diario Oficial.

«Según el artículo 140 de la Constitución, toda modificación a una ley permanente debe pasar por un período de ocho días a partir de la publicación en Diario Oficial, pero resulta que las reformas entraron en vigencia a partir de la publicación del Diario Oficial, aquí se vulnera la Constitución», explicó.

La iniciativa, solicitada por el Gobierno permite imponer penas que oscilan entre los 10 y los 15 años de privación de libertad a quienes “reproduzcan y transmitan mensajes originados o presuntamente originados por pandillas que pudieran generar zozobra y pánico a la población”. Cristosal denunció que se utilizan términos ambiguos, que no están completamente definidos.

«Esto podría conllevar a que con manipulación, de un gobierno, o de una autoridad judicial, se pueda controlar el curso de la información y las pruebas, que implique a los periodistas a verse acusados por la comisión de un delito; la zozobra y el pánico, quedaría a criterio de un juez, que estaría haciendo juicios de valor», remarcó la experta.

Además, la abogada afirma que los Decretos contravienen la normativa constitucional, pues limita las libertades de expresión e información, consignadas en la Carta Magna.

«Estos son motivos de fondo, porque las leyes están promoviendo limitación absoluta de derechos, particularmente el ejercicio periodístico, pero también transgrede derechos sobre cualquier ciudadano, por su derecho a informarse, esto quiere decir que los periodistas pueden ser procesados por informar de una obligación y promover un derecho de la ciudadanía que debe estar debidamente informada», manifestó López.

Sobre el tema, el Presidente de la APES, César Fagoaga, calificó las propuestas como «herramientas» para perseguir medios de comunicación que contradicen la narrativa oficial. «¿Porqué no quieren que vayamos a las comunidades y hablemos de un problema que afecta a miles? Estas reformas están acompañadas por narrativas que pareciera que no se combate los pandilleros, sino a los periodistas», matizó.