Organizaciones de la sociedad civil, informaron este viernes que hasta el 25 de mayo recibieron un total de 1,123 denuncias de personas afectadas durante el régimen de excepción, estos datos fueron presentados en el conversatorio denominado: “Impacto del régimen de excepción en los derechos humanos y en la seguridad democrática”.

El Régimen de Excepción fue aprobado el pasado 27 de marzo de 2022, luego que autoridades reportaran un incremento en las cifras de homicidios en suelos salvadoreños. Ante dicho panorama, Héctor Carrillo, representante de la Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho (FESPAD), señaló que la disposición fue ejecutada sin respetar u observar los parámetros jurisprudenciales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, específicamente en su resolución 21-2020. Y a su vez, ha sido instrumentalizada para “opacar» las fallas del Plan Control Territorial.

El abogado agregó que su aplicación se ha hecho de manera «paralela a la ejecución de reformas legales», que dejan en indefensión a la ciudadanía ante actuaciones que pueden traducirse en privaciones de libertad indefinidas, «en franca violación de la Constitución y tratados internacionales vigentes para El Salvador».

Los defensores argumentaron que son evidentes, junto a las reformas legales, las deficiencias de las instituciones encargadas «de evitar el uso arbitrario de poder en detrimento de la libertad de los ciudadanos».

“Han sido constantes las denuncias del deficiente rol de la Procuraduría General de la Republica para asumir la defensa técnica de las personas detenidas”, comentó el abogado.

Para estas organizaciones, el régimen tiene un impacto en la vida de las personas, traduciéndose en más de 35 mil capturas entre el 27 de marzo y 27 de mayo; denuncias de personas, que según estas instituciones, no tienen vínculos delictivos y han sido capturadas sin formularse verdaderas causas legales.

De acuerdo con los datos brindados durante la ponencia con estas capturas se está llegando a una cantidad de personas privadas de libertad que sobre pasa las 74 mil. Traduciéndose así en un hacinamiento del 274%. Además, contabilizan 26 personas fallecidas bajo la custodia del Estado.

Abraham Abrego, director de acompañamiento de CRISTOSAL, detalló que hasta el 25 de mayo, FESPAD reporta 170 casos de personas detenidas; Azul Originario, 105; y la UCA, 59 casos.

En relación a los procesos judiciales, los abogados manifestaron su preocupación sobre la calidad de los mismos. “Son procesos sumarios que recuerdan a los escenarios de la época de los ochentas, dictaduras. Hoy lo que tenemos es como estar jugando un partido de futbol y el árbitro está a favor de un equipo y el otro está solo, el juez está casi alineado con la fiscalía”, argumentó Abrego.

Hasta el momento, dichas organizaciones solo tienen contabilizadas dos personas que han quedado en libertad.