La Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho (FESPAD) y la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia (LEGIS) realizaron este lunes un intercambio subregional denominado: Normativas Anti ONG´S, con el que pretenden que las diferentes instituciones del Estado eviten impulsar o aprobar normativas que puedan obstaculizar la labor de las organizaciones de sociedad civil.

De acuerdo con FESPAD, durante las últimas décadas, países centroamericanos han atravesado procesos que ponen en “riesgo” la democracia. Como evidencia de ello, se han reducido los espacios cívicos para que dichas organizaciones se desarrollen y ejerzan su rol en los sectores de la población “más excluidos por el Estado”, situación que preocupa a estas asociaciones.

Gladys Larín, representante de FESPAD, mencionó los casos de Nicaragua, Guatemala y El Salvador, en el que “el trabajo de las personas defensoras y el funcionamiento de sus organizaciones se ha visto limitado por la multiplicación de obstáculos interpuestos por los Estados, particularmente por la instauración de medidas restrictivas de carácter jurídico, administrativo o practico, reformas a marcos jurídicos o la creación de leyes que buscan limitar la libertad de expresión, asociación, organización y movilización para la demanda social y la defensa de los derechos humanos, acompañados de campañas de difamación, constituyéndose así, leyes y acciones anti ONG-OSC”, manifestó.

Los defensores señalaron que para el caso de Nicaragua, a través de la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, se implementaron medidas que “obstaculizan el desarrollo de las labores de las personas que defienden los derechos humanos”.

Para Guatemala, con las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, Decreto 4-2020, las organizaciones de sociedad civil se encuentran en una situación compleja para funcionar, ya que “buscan quitarle el control a las ONG´S”, según Alejandro Valverth, representante de LEGIS.

En el caso de El Salvador, “vemos que a tres años de la gestión de cambio de gobierno presenta estancamiento o retroceso en materia de libertades cívicas, como expresión, información de unión pacífica y asociación”, agregó Valverth.

Ante dicho panorama, Valverth resaltó que “es bueno que estos foros se lleven a cabo para que la ciudadanía pueda comprender que a pesar de que no pertenezca a una organización a una asociación es importante que sepa que el respeto al derecho de libertad de asociación”.

Por su parte, Henri Fino, Director Ejecutivo de FESPAD, expresó que “se ha criminalizado la labor de las organizaciones de la sociedad civil a pesar que estas organizaciones contribuimos a disminuir la brecha, el vacío, la incapacidad que el Estado tiene en la prestación de servicios”.

Para Fino, es importante que dicha situación se ponga en agenda nacional, ya que según el defensor, hay una clara violación al derecho de libertad y asociación.

Entre las demandas de las organizaciones se encuentran:

1. A las diferentes instituciones del Estado, eviten aprobar normativas que obstaculizan la labor de las Organizaciones de la Sociedad Civil OSC.

2. Que el Estado respete el espacio cívico: libertad de asociación, reunión pacífica y expresión apegada a la normativa nacional y tratados internacionales.

3. Al cese de la instrumentalización de los sistemas normativos y la institucionalidad pública para perseguir a personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones.