La Asamblea Legislativa reformó, con 74 votos, la Ley de Protección al Consumidor, con el fin de ampliar y dotar a las autoridades de un instrumento legal más amplio para que velen y defiendan los derechos de los salvadoreños.  

La decisión tomada por los diputados beneficiará a los consumidores, ya que la inflación, causada por diferentes factores externos, han generado un incremento de precios en las materias primas, el transporte, la logística y la importación.

Las enmiendas buscan extender los derechos de los compradores y las obligaciones al proveedor. Además, otorgan herramientas de vigilancia de mercado, adecúan las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) y aumenta el catálogo de infracciones y multas.

Con las reformas se habilita la figura del delegado encubierto, que consiste en que un delegado de la Defensoría del Consumidor (DC) realizará inspecciones en comercios haciéndose pasar por un consumidor común para detectar prácticas abusivas.

En la normativa quedó establecido que con el dinero obtenido de las multas impuestas se creará un fondo especial que servirá para fortalecer el trabajo de la DC. Además, se le dieron facultades a esta institución para que efectúe allanamientos en establecimientos comerciales para verificar si existe acaparamiento de productos.

Los diputados también agregaron a la ley un apartado especial relacionado con el comercio electrónico, debido a que la regulación que ha estado vigente se limita al comercio que se realiza mediante páginas web, pero deja de fuera las transacciones que se hacen por redes sociales, donde más confluyen los negocios.

Los cambios en la normativa también prohíben las variaciones injustificadas de precios de un bien o servicio. En el caso de sobreendeudamiento y regulación de mercados mediante comercio electrónico podrá intervenir la Defensoría del Consumidor.

El presidente de la Comisión de Economía, Rodrigo Ayala, destacó la importancia de las reformas, principalmente las relacionadas con la regulación del comercio electrónico, el retiro del mercado de productos o servicios peligrosos o riesgosos y el establecimiento de multas por incumplimiento de entrega de productos a tiempo. 

“Es importante que la población conozca el trabajo de verificación de precios que han hecho la Defensoría del Consumidor. En tres años de gestión, se han recuperado $57.2 millones a favor de los consumidores, equivalentes al 54% de los beneficiados desde que inició la institución en 2005”, manifestó el legislador de Nuevas Ideas.

La diputada Elisa Rosales también señaló que se regulará el tema de las garantías, ya que muchos comercios no la están otorgando a sus clientes al momento de adquirir productos y se refirió a la regulación de la publicidad.

“Me gustaría resaltar el punto de la publicidad ilícita, ya que buscamos proteger la imagen de la mujer en campañas de publicidad”, expresó la parlamentaria.