El experimento salvadoreño por hacer del bitcoin moneda legal se ha topado con una pared. A partir de la caída en los mercados globales ocasionado por la incertidumbre de la guerra en Ucrania, la inflación y el incremento en tasas de interés por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos, el precio de la criptomoneda más popular del mundo se ha desplomado más de 50% desde sus máximos históricos. Con ella, han caído en picado también los bonos del Gobierno de El Salvador, los cuales cotizan a un 40% de su valor original, reflejando las dudas por parte de los inversionistas de que el país pueda cumplir con el próximo pago de su deuda.

Las agencias de calificación advirtieron desde el año pasado que la volatilidad de la criptomoneda impactaría en las ya frágiles finanzas públicas del país, que está dolarizado. A iniciativa del presidente Nayib Bukele, El Salvador se convirtió en septiembre en el primer país en establecer el bitcoin como moneda legal en curso, a la par del dólar estadounidense. En octubre, Bukele anunció que convirtió unos 25 millones de dólares de las reservas nacionales a bitcoins. “La adopción generalizada de bitcoin se ha visto limitada por su inherente volatilidad de precios, la baja inclusión financiera del sector bancario nacional y la falta de una amplia disponibilidad de internet”, escribieron en un informe en noviembre analistas de Fitch Ratings, agencia calificadora de riesgo crediticio.

A pesar de su baja adopción entre la población, la decisión tuvo un impacto inmediato en el futuro del país centroamericano. El Fondo Monetario Internacional (FMI), que podría aportar financiación de apoyo para que el Gobierno de Bukele cumpla con su próximo pago de deuda externa en enero, instó al país a eliminar bitcoin como moneda legal, ya que expone a las finanzas públicas a las altas y bajas del activo digital en el mercado global. La insistencia de Bukele de mantenerla complicó las negociaciones con el Fondo.

Los altibajos del mercado, junto con el debilitamiento de la instituciones en El Salvador, le costaron al país su calificación crediticia, la cual se utiliza, en gran medida, para que el mercado defina el riesgo de incumplimiento de deuda. Una baja calificación se traduce en intereses más altos que el Gobierno tiene que pagar a acreedores. También una calificación considerada “basura”, como es el caso de El Salvador, le impide al país su acceso a los mercados globales para emitir más deuda. En febrero, Fitch recortó la calificación de El Salvador a su nivel más bajo y consideró su perspectiva a futuro “negativa”. Moody’s lo hizo también más recientemente, en mayo.

La rebaja refleja mayores riesgos financieros derivados de una mayor dependencia de la deuda a corto plazo, un pago de 800 millones de dólares con vencimiento en enero de 2023, un déficit fiscal aún alto, la incertidumbre entorno a la financiación multilateral adicional y el incremento en los costos de financiamiento externo, aseguró Fitch en febrero. La firma espera que la deuda alcance el 86,9% del producto interno bruto (PIB) este año “lo que aumenta las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda a medio plazo”, dijeron analistas de la firma.

“En opinión de Fitch, el debilitamiento de las instituciones y la concentración de poder en la presidencia han aumentado la imprevisibilidad de las políticas, y la adopción del bitcoin como moneda de curso legal ha agregado incertidumbre sobre el potencial de un programa del FMI que desbloquearía la financiación para 2022-2023″, dice el reporte.

Por su parte, Moody’s alertó en mayo de que “incluso si el Gobierno encuentra una manera de manejar las presiones de financiamiento a corto plazo del próximo vencimiento de bonos de 2023, la opinión de Moody’s es que el soberano continuará enfrentando presiones de financiamiento que comprometerían su capacidad para cumplir con sus compromisos de deuda en su totalidad”.

El 29 de abril, la Administración de Bukele anunció su intención de reformar el sistema de pensiones, sin entrar en detalles de cuánto espera recaudar en impuestos para fortalecer las finanzas públicas. “Moody’s cree que podría liberar liquidez para cumplir con el pago de bonos de 2023. Sin embargo, dado que no se han proporcionado detalles hasta la fecha, los riesgos crediticios soberanos siguen siendo elevados”, apuntaron analistas de la firma.