El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, señaló este jueves que uno de los líderes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) pidió ser extraditado a Estados Unidos, país que lo solicita para que enfrente la justicia por cuatro delitos, porque «ahora ya no tiene ningún beneficio».

El titular del Ministerio Público explicó, a través de publicaciones en Twitter, que el 21 de abril se realizó la audiencia de intimación de la petición de extradición de Arístides Dionisio Umanzor, alias ‘El Sirra’.

«Es curioso que, durante la audiencia, este criminal solicita agilizar su salida hacia una cárcel norteamericana, pues ya no quiere enfrentar la justicia salvadoreña ahora que ya no tiene NINGÚN BENEFICIO y (que) su estadía en la cárcel se ha vuelto un verdadero castigo a sus crímenes», apuntó Delgado.

Indicó que el pandillero, a quien «administraciones pasadas otorgaron beneficios durante la denominada tregua», es solicitado por cuatro cargos penales en EE.UU.

El fiscal no indicó cuál fue el resultado de la audiencia ni brindó más detalles de la misma.

Umanzor Osorio guarda prisión en un penal de máxima seguridad de la ciudad de Zacatecoluca, en el central departamento de La Paz, y es uno de los miembros de pandilla que participó en una tregua entre las pandillas que impulsó el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014).

Entre 2012 y 2014, las pandillas MS13, Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron un pacto de no agresión para reducir las cifras de homicidios respaldado por el Gobierno y que, según la Fiscalía, estipulaba favores para estas bandas.

Esto supuestamente incluía beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo su control y una menor presencia de las fuerzas de seguridad.

El presidente Nayib Bukele ordenó el pasado 28 de marzo el aislamiento de los pandilleros en las prisiones como medida de un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, como la defensa en caso de detención.

El mandatario ordenó al director general de Centros Penales, Osiris Luna, que se decretara emergencia máxima en todos los penales de seguridad y máxima seguridad» para que estén «todas las celdas cerradas 24/7».

El Salvador se encuentra en estado de excepción desde el pasado 27 de marzo, medida cuyos primeros 30 días concluyeron el miércoles pero que continúa por una ampliación aprobada por la Asamblea Legislativa el domingo pasado.

Además del régimen de excepción, el Congreso aprobó, a propuesta de Bukele, el endurecimiento de penas para pandilleros y avaló juzgar a adolescentes como adultos.

Estas medidas se adoptaron tras una escalada de violencia que se cobró la vida de más de 80 personas a finales de marzo y marcó el día 26 de ese mes como el más sangriento de la historia reciente salvadoreña con 62 asesinatos.

Las detenciones masivas han sido la principal apuesta del Ejecutivo de Bukele durante el régimen de excepción, pero hasta el momento se desconoce si el Gobierno trabaja en un plan que plantee medidas para una solución de fondo a dicho fenómeno.

En enero del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos archivó una demanda contra El Salvador, la cual fue interpuesta por Umanzor Osorio, condenado a 33 años de prisión por homicidio, secuestro y daños agravados.

Umanzor Osorio había pedido medidas cautelares al organismo por vulneración a sus derechos humanos, pero fueron negadas y luego el caso fue cerrado.

En el escrito que presentó el “Sirra” a través de su abogada, se demandó al Estado “por estar vulnerado altamente los derechos de los privados de libertad y más aún del señor Umanzor que sufren el mismo trato en el centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca”.

Además, el cabecilla dijo a la Comisión que se le ha negado un especialista para que lo revise por enfermedades del corazón y cerebro.

La decisión de la CIDH fue notificada al juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Vicente, a través de la cancillería, el 20 de mayo de 2021.