Organizaciones de Derechos Humanos, la Colectiva Amorales, Colectiva Feminista y familiares de Fernanda Nájera exigieron justicia para la joven a tres años de perpetrado el crimen.

El Juzgado Especializado de Una Vida Libre de Violencia y Discriminación para Las Mujeres (LEIV) de Santa Ana, suspendió en abril, por sexta ocasión la audiencia preliminar contra Michael Castillo Murga, ex pareja sentimental y con quien procreó un hijo Nájera.

El proceso judicial fue reprogramado para el 9 de junio. Las organizaciones denunciaron este miércoles que en el caso impera la impunidad y se ha puesto en evidencia las ineficiencias del sistema judicial salvadoreño, pues después de dos años, las audiencias se han aplazado en seis ocasiones y no se ha dado con el paradero del procesado. En ese sentido, exigen al juzgado que dé a conocer los motivos del porqué todas las diligencias no han dado frutos.

“Por A o B motivo, siempre están buscando generar la suspensión de este caso” dijo Angélica Rivas, abogada de la Colectiva Feminista Santa Ana. La última suspensión se dio por que la Jueza que lleva el caso habría dado positivo a COVID-19.

Rivas exhortó a la Corte Suprema de Justicia a poner atención al caso, pues en dicho proceso están siendo acusados los cómplices del presunto autor material.

La Abogada Bessy Ríos, hizo un llamado al Fiscal General de la República (FGR) Rodolfo Delgado, que “Ponga atención en este caso, en la dilatación del proceso es innecesaria, un subterfugio para seguir dañando la dignidad y mancillando a una familia”.

“A los jueces, aplicadores de la ley especial, perfectamente saben que no podemos seguir dilatando este tipo de procedimientos, por lo que significa este caso: el asesinato de esta joven, el abandono del hijo de esta a su suerte en un área rural. Es una familia que está de luto en búsqueda de justicia, si el sistema alarga el acceso a la justicia, re victimiza”, enfatizó Ríos.

“Estas dilataciones que se han hechos nos han desgastado mucho, física, emocionalmente; nosotros no vamos a dejar de luchar, siempre vamos estar luchando para que se lleve a cabo el proceso en El Salvador”, sostuvo el padre de Fernanda.

La última vez que los padres de Fernanda Nájera la vieron con vida fue el 31 de enero de 2018, cuando madre e hijo, entonces de un año siete meses, salieron de su casa y se fueron en el auto de Castillo Murgas, llevándoselos con la promesa de que arreglarían los “papeles” para que el niño llevara el apellido de este, que en un primer momento le había negado.

La joven fue encontrada asesinada, el 2 de febrero de 2018, con signos de tortura, en una cuneta en la carretera que conecta el municipio de Concepción Ataco con Ahuachapán; y un día después su hijo fue localizado por agricultores que alertaron a la policía que habían encontrado al menor desorientado, deshidratado y picado por insectos en medio de un cafetal en Ataco.

Castillo Murgas, según las investigaciones, es el autor intelectual del crimen y para ocultar las evidencias del feminicidio, fue apoyado por cuatro personas más, entre ellas, su abuela: Edith del Carmen Rivas de Murga; la novia que tenía en ese momento, Jacqueline Alejandra Martínez Herrera; el médico Roberto Arturo Valdivieso López, y el ex fiscal Donald Augusto Valdivieso López.

Este último habría admitido, el 19 de enero 2022, haber encubierto al acusado, a cambio de que se suspendiera el proceso de forma condicional en su contra.

La abuela del imputado es una prominente empresaria de Ahuachapán, por lo que en las primeras fases de las audiencias se dijo que habría acordado con el fiscal entorpecer el proceso, supuestamente.

Hasta el momento ninguno de los implicados se encuentra en detención. Castillo Murgas, según se ventiló en las audiencias, posee ciudadanía estadounidense, por lo que se presume que se encuentra en aquel país.