La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), presentó este miércoles un informe en donde se evalúa la respuesta mediática que dio el Gobierno sobre el hallazgo de un cementerio clandestino en la vivienda de un ex policía en el municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana.

La noche del 7 de mayo del 2021, los gritos de una joven quien había logrado salir de la vivienda del ex agente, Hugo Osorio, situada en el Callejón Estévez, en la colonia Las Flores de Chalchuapa, dieron alerta sobre los crímenes perpetrados en el lugar. 

El documento de FESPAD es un estudio de tipo descriptivo que busca analizar el hallazgo de dicho cementerio, y el abordaje estatal, a partir de los funcionarios y operadores de justicia, expresados en publicaciones de la prensa escrita entre los meses de mayo y octubre 2021.

FESPAD documentó que desde el hallazgo, las autoridades ofrecieron un criterio de oportunidad a Osorio para que confesara los crímenes contra, según peritaje de Medicina Legal, de 15 víctimas, entre ellas tres menores de edad. Además, consignan que hubo amenazas contra fiscales y forenses que daban detalles a la prensa, mientras que el Ministerio de Justicia y Seguridad, afirmaba dar seguimiento a los periodistas por hacer apología del fenómeno de las desapariciones.

Henri Fino, Director Ejecutivo de FESPAD, consideró que hubo un mal manejo comunicacional del suceso, en aras de no poner en relieve una problemática de país: la desaparición de personas y el aumento de casos.

«Esta es una situación de analizar, ya que hay un proceso definido, hay una regla, normas, que los funcionarios deben de respetar. Al leer el informe, lo sorprendente de las cosas, son las contradicciones que ha habido en el proceso y las declaraciones de los funcionarios», señaló Fino.

«La investigación pone en evidencia el manejo inadecuado del proceso de identificación forense, la invisibilización de la violencia de género, la prisa por cerrar la cobertura mediática de los hechos, ausencia de investigación oportuna, exhaustiva y concluyente y el incumplimiento de poner en el centro a las familias de las víctimas en los procesos de búsqueda, identificación forense, restitución y reparación», se lee en el documento. 

Este flagelo aumentó desde 2013, con la tregua entre pandillas que encabezó el gobierno del ex presidente Mauricio Funes, que permitió a las autoridades bajar la estadísticas de homicidios y ser explotado en la propaganda gubernamental. Este fue el análisis de Héctor Carrillo, jurídico de FESPAD, quien expuso que este contexto dio paso al aumento de los desaparecidos, que causan incomodidad a los gobiernos de turno.

«Durante décadas la seguridad ha sido instrumentalizada por los gobiernos de turno, hay una falencia en el abordaje de seguridad, ha faltado integralidad, y producto de esa falta de integralidad, tenemos un fenómeno de la magnitud de este momento. Si en el 2000 se hubiera puesto atención al fenómeno, no tuviéramos la problemática que tenemos actualmente», explicó.

Para FESPAD, las autoridades deben facilitar el acceso a la información de los casos de fosas clandestinas, proporcionar un programa de atención a familiares de víctimas de atención y medidas de reparación. Y promover la creación de un grupo de expertos que supervise el tratamiento de los casos.

Además propusieron que las autoridades manejen los casos con «profesionalismo técnico, independencia e imparcialidad», a fin de garantizar la no repetición de hechos de violencia.