Habitantes de la Comunidad El Tanque, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad, denunciaron el martes amenaza de desalojo por parte de supuestos representantes del Ministerio de Vivienda. Son 318 familias, 70 de ellas viven a la orilla de la Quebrada “El Piro”.

Los pobladores señalan que, el 9 de febrero 2022, la Ministra de Vivienda, Michelle Sol, convocó a una reunión informándoles que estaban en una “zona de alto riesgo”, por ello debían desalojar el lugar.

Según la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), que acompaña el proceso de las familias, la notificación es contradictoria, pues en ese mismo terreno ha sido construido y está funcionando el hospital veterinario Chivo Pets.

En la reunión sostenida, el Ministerio de Vivienda les dio 3 opciones: Reubicarse en apartamentos en la zona de El Espino; buscar un terreno casa, y que serían apoyados para adquirirla o buscar una casa desocupada, y que les ubiquen ahí.

Sin embargo, algunas personas que han acudido a la zona de El Espino señalan que no hay apartamentos construidos, como les aseguraron. Tampoco les dan detalles de la forma en que apoyarán para adquirir una nueva vivienda. Dado que ninguna de las opciones les da seguridad jurídica, la comunidad decidió no aceptarlas. Posteriormente, haciendo a un lado a la directiva y la decisión colectiva, el Ministerio de Vivienda optó por buscar una respuesta individual.

Desde la inauguración de Chivo Pets, los habitantes de la comunidad aseguraron a los abogados de FESPAD que han sido acosados vía telefónica por presuntos representantes de Vivienda para presionarlos a tomar alguna de las tres opciones, y ante la decisión les han “colgado abruptamente las llamadas”.

El 10 de marzo de 2022 los habitantes entregaron una solicitud a la Ministra Sol, para sostener una reunión a fin de poder entablar un diálogo. La Junta Directiva informó que el 4 de abril de 2022 trabajadores del Ministerio de Vivienda llegaron a inspeccionar la comunidad.

Por la tarde, fueron convocadas de forma inesperada a una reunión. A pesar de lo publicado, en la reunión, la Ministra insistió en que las familias desalojaran la comunidad e indicó a la Junta Directiva que debía convencer a los habitantes de abandonar el lugar, pero haciéndoles saber que es una recomendación propia, no del Ministerio.

Las comunidades señalan que algunas familias tienen 70 años de vivir ahí, es decir es una comunidad establecida, donde la mayoría ha construido sus viviendas. Piden que en lugar de moverles se les garantice sus títulos de propiedad, mediante el diálogo.