Un informe dado a conocer este miércoles por Human Rights Watch (HRW) y Cristosal denominado “‘Podemos detener a quien queramos’: Violaciones generalizadas de derechos humanos durante el ‘régimen de excepción’ en El Salvador”, señala el supuesto cometimiento de vulneraciones a derechos fundamentales de ciudadanos durante la implementación de la medida extraordinaria en contra de la pandillas a partir de marzo de 2022.

Según lo que revela el documento de 99 páginas, durante el régimen de excepción se han cometido «detenciones arbitrarias masivas, torturas y otras formas de maltrato contra personas detenidas, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia» y procesos penales «abusivos que han sido documentados por parte de organizaciones de derechos humanos nacionales como internacionales», expresa el informe.

HRW aseguró que entre los más de 59,000 detenidos que las autoridades reportan hay alrededor de 1,600 menores de edad, lo que genera preocupación sobre la violación de derechos de niños y niñas por parte de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.

Para la realización de la investigación Human Rights Watch y Cristosal entrevistaron a más de 1,100 personas de los 14 departamentos de El Salvador entre víctimas de abusos, sus familiares, abogados, testigos y funcionarios estatales. Durante este periodo los investigadores nacionales e internacionales también examinaron documentos judiciales, documentos médicos y certificados de defunción, y consultaron a forenses internacionales del Grupo Independiente de Expertos Forenses (Independent Forensic Expert Group, IFEG) sobre los casos de muertes al interior de los centros penitenciarios.

En este caso las organizaciones concluyeron que agentes policiales y soldados han cometido abusos de forma reiterada a nivel nacional, durante el periodo que se ha desarrollado la medida en contra de los grupos del crimen organizado.

Además, expresan su preocupación por el número de personas hacinadas en los centros penales. HRW contabiliza que en marzo la población dentro de las cárceles del país era de 39,000 personas y que ha aumentado a 95,000 detenidos a noviembre de 2022. La situación supone para los defensores de derechos humanos una clara violación de garantías fundamentales y abre la puerta para el cometimiento de vejaciones al interior de los recintos carcelarios por parte de autoridades penales.

Otro de los aspectos que resalta el informe corresponde a posibles violaciones por parte de jueces y fiscales durante el desarrollo de los procesos judiciales en contra de las personas detenidas durante el régimen de excepción. Según las organizaciones esto supone que las personas no puedan ejercer una defensa adecuada en los procesos penales en su contra.