La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), presentó este jueves un informe denominado «El rol de los defensores de derechos del agua», en la protección de este recurso natural.

La investigación se realizó entre los meses de abril, mayo y junio del 2021, con el objetivo de registrar la situación de las personas que defienden el derecho humano al agua y la amenaza de criminalización que estas sufren. En ese contexto, se realizaron entrevistas a seis representantes de colectivos que defienden el vital líquido para conocer testimonios de su labor.

El informe indica que los defensores han hecho uso de su libertad de expresión para visibilizar y socializar los riesgos y daños por el desarrollo de diferentes proyectos y megaproyectos en El Salvador, exponiendo los impactos para las comunidades.

Sin embargo, FESPAD identificó los riesgos y amenazas que les ha impedido el pleno ejercicio de sus derechos. Han sido diversos: ataques contra bienes materiales, desapariciones y desplazamientos forzosos, que pueden ser, por dos grandes causas: desalojo de las poblaciones para dar paso a la construcción de megaproyectos, o retiro por parte de los individuos ante actos de violencia y amenazas en su contra para salvaguardar su vida e integridad personal.

Henri Fino, Director de FESPAD, señaló que otro riesgo que afrontan es la estigmatización, pues desde las instituciones públicas, las mismas empresas denunciadas por daños medioambientales y cuerpos de seguridad, son calificados como «terroristas» o «antidesarrollistas». En el caso de las mujeres, los entornos de violencia también provienen de sus comunidades y familias.

«Un aspecto que amerita abordaje dentro del riesgo de la estigmatización es que se da de manera diferenciada según el contexto social y cultural. La estigmatización contribuye a un mayor aislamiento por rechazo social de las personas afectadas y aumenta el riesgo al cual están expuestas, ya que se incrementan las posibilidades de que otros actores realicen acciones violentas contra los y las defensoras del medio ambiente y el agua», se lee en el informe.

Otro punto que destaca el reporte es que cada vez más se utiliza el poder estatal para arrestar, judicializar e investigar a los defensores como forma de impedir las actividades. «Una forma de criminalización es la aplicación de medidas cautelares de prisión preventiva, esto con el propósito de atacar la labor de defensa de los bienes naturales, y provocar temores en quienes se manifiestan y amedrentar el ejercicio de sus derechos humanos».

También, se ha identificado el uso indebido del derecho administrativo, regulatorio y tributario para evitar la labor. Por ejemplo; los Estados niegan o retiran la personalidad jurídica a las asociaciones o fundaciones correspondientes. «Existe también experiencias en países latinos, donde los Estados están comenzando a aprobar normas que imponen altas cargas financieras, tributarias y administrativas a las organizaciones de tal forma que las medidas vuelven inviable desarrollar sus labores», consigna el reporte.

Como recomendaciones, FESPAD exhorta al Estado salvadoreño a promover la aprobación de la Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos. Instar a que la Fiscalía General de la República cree una política integral que permita accionar los mecanismos de protección a las violaciones a sus derechos. Y que la Policía Nacional Civil (PNC) desarrolle sus acciones respetando los derechos humanos, evitando la criminalización de los defensores.

Además que el Estado suscriba y ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.