La Libertad de Prensa y Acceso a la Información Pública se redujo en El Salvador. Esto se extrae del último informe del mismo nombre, correspondiente al año 2021, del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), de la Universidad Centroamericana, UCA.

Diego Pineda, investigador de esta dependencia académica, explicó que el informe recoge documentación, entrevistas a profundidad y revisión de portales de transparencia gubernamental, para medir el nivel de acceso para el ejercicio periodístico en el último año. Además se analizaron leyes que restringen el acceso al funcionamiento de las instituciones públicas.

La Asociación de Periodistas de El Salvador dio cuenta de 219 agresiones contra miembros de la prensa y 102 restricciones al ejercicio periodístico. Este equivale a un incremento de 184% con relación al año 2019.

En las restricciones a la prensa se detalla limitaciones para operar y obtener datos y declaraciones. «La información centralizada forma parte de esto, con base a las entrevistas supimos que se tiene que contar con el aval para emitir pronunciamientos. Además hay un temor de las fuentes por hablar, ya sea por represalias y los espacios han sido cerrados para quienes piensan distinto a la narrativa oficial», explicó el experto.

El OUDH recabó además ataques a la prensa, los cuales van desde el discurso de odio en espacios digitales o redes sociales; intimidación, seguimientos y amenazas; hasta ataques físicos.

Información pública

El observatorio encontró que hay un mayor número de índices de reserva en las instituciones públicas, además, muchos portales web de gobierno y autónomas no están actualizados y se habla criterios discrecionales para cambiar la información pública a privada. «Los oficiales de información emiten criterios más personales. Muchos son criterios políticos y se alejan de lo previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública», expuso Pineda.

Algunas conclusiones del informe sobre esta temática, es que el Instituto de Acceso a la Información fue cooptado con reformas legales, para limitar su rango de actuación; sumándose a la falta de independencia e imparcialidad de sus miembros, que han provenido de ternas electas por el Presidente de la República.