La relación entre el Gobierno de Honduras y las eléctricas renovables ha hecho corto circuito. Una nueva ley aprobada en mayo pasado ha forzado la renegociación de contratos poniendo a las empresas y a la Administración de Xiomara Castro sobre el ring. De acuerdo con los generadores privados, la nueva normativa obliga a la renegociación de los más de 70 contratos bajo condiciones perjudiciales. En específico, advierten la existencia de una nueva cláusula que amaga a que de no llegar a un acuerdo, el Ejecutivo tendrá la prerrogativa de acordar un “justiprecio”, es decir, de establecer un precio por los activos y adquirirlos, lo que a sus ojos es visto como una expropiación. Esto, sin considerar, que desde hace un lustro los generadores privados denuncian impagos por parte de la paraestatal, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), una deuda que asciende ya a 12.000 millones de lempiras, unos 483 millones de dólares. Entre las compañías afectadas se encuentran capitales españoles y extranjeros.

El director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), Samir Siryi, explica que es una problemática que el sector viene arrastrando desde hace un lustro, sin embargo, se ha agravado en la nueva administración a causa del alto índice de pérdidas. El directivo asegura que la ENEE prioriza el pago de costos operativos propios, servicio de deuda y demandas, pero ha dejado en el último lugar a los generadores eléctricos de plantas fotovoltaicas, hidroeléctricas, eólicas, biomasa y geotérmicas.

“Las plantas siguen inyectando energía a la red aún ante la falta de pago. Pero la iliquidez de las plantas imposibilita algunos mantenimientos que bajan la eficiencia de las plantas y nos pone en una situación compleja de default con las bancas. Ante el creciente impago y la incertidumbre por los cambios en el marco legal del sector eléctrico, las empresas están evaluando el recurrir al arbitraje internacional. De acuerdo con Siryi, hay dos empresas renovables en esta instancia y entendemos que podrían sumarse dos más en los próximos días”, comenta.

“Nos preocupa que las autoridades de la Enee se han concentrado en el tema de la renegociación de contratos, mientras las pérdidas técnicas y no técnicas continúan aumentando a tal grado que este año podrían cerrar en 36% sangrando las finanzas de la estatal eléctrica profundizando su crisis, ya que cada punto representa cerca de 16 millones de dólares en pérdidas financieras”, añade Siryi.

De acuerdo con las cifras oficiales, la capacidad instalada privada de renovables en Honduras representa un 46% del total del parque eléctrico del país centroamericano. Las empresas afectadas advierten de que con las nuevas decisiones de Gobierno de Honduras el país ha dejado de cumplir con los contratos y con compromisos internacionales bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA) y diversos acuerdos bilaterales de inversión. Una de las empresas que desearía llegar a un acuerdo con el Gobierno de Honduras es la española X-Elio.

En 2014, con el Gobierno de Juan Orlando Hernández, se vivió una primavera de las energías verdes en Honduras. Con el objetivo de incentivar la atracción de inversión, esa Administración puso sobre la mesa una serie de incentivos para que los proyectos eléctricos llegaran al país. Atraídos por los incentivos, los capitales de España, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Panamá, llegaron a tierras hondureñas. Sin embargo, con unas finanzas públicas endebles, los impagos para los privados empezaron a llegar y lejos de acabar con las pérdidas eléctricas aumentaron.

En mayo pasado, con el telón de fondo de la aprobación de la nueva normativa eléctrica, el ministro de Energía, Erick Tejada, aseguró que la deuda de la estatal eléctrica asciende a 75.000 millones de lempiras (3.017 millones de dólares). El ministro de Energía, Erick Tejada, expresó que la Ley Especial de Energía busca complementar la Ley General de la Industria Eléctrica, aprobada en 2014, agregando el componente humano y reivindicando el servicio de energía eléctrica como un derecho humano.

El analista económico, Roberto Lagos, añade que la atracción de privados fue una vía del Estado para tratar de cubrir los apagones y las fallas del sistema eléctrico interno, sin embargo, la falta de inversión en las fases de transmisión y distribución impidieron llegar a esta misión. “Este nuevo Gobierno entra, y entra con una visión distinta porque declara la electricidad como un bien público, le dan vuelta a la reforma de 2014 y con esta nueva visión plantean la renegociación de contratos y el problema que hay con esta visión es que establecen el tema del justiprecio porque los inversionistas extranjeros lo interpretan como expropiación. El término justiprecio es tan abierto que se interpreta como expropiación porque no hay ningún mecanismo donde se explique en qué consiste “el justiprecio”. El tiempo nos va a decir si esto era una expropiación o no, pero todavía el Gobierno tiene una oportunidad de definir en qué consiste el mecanismo de justiprecio desde una perspectiva económica”, precisa.

“Mientras no se pague la reducción de pérdidas, mientras no se ataque el tema de inversión en transmisión, difícilmente las negociaciones de contrato van a poder tener un impacto significativo. El Gobierno de se está enfocando demasiado en la renegociación de contratos, pero se están dejando de lado temas de reforma toral que tiene el sistema energético del país”, comenta.

El especialista advierte además de que el Gobierno dictó el subsidio de la electricidad a 1,3 millones de personas, sin embargo, Lagos advierte que este beneficio no se aplica de manera focalizada y termina por apoyar a personas que no necesariamente lo requieren. “Sí, hay una distinción de tecnología, sí se está llevando un proceso de negociación con los fósiles y no se está llevando el mismo proceso con los renovables”, concluye.

En las próximas semanas, el Gobierno de Castro se sentará con los privados, en la última llamada, para evitar un arbitraje internacional que podría costar millones a un país donde un 15% de la población no cuenta con servicio eléctrico.