MOP supervisará construcción de oficinas centrales de la Fiscalía General de la República en San Salvador

Las nuevas oficinas estarán ubicadas en la Urbanización Santa Elena de Antiguo Cuscatlán, que fue comprado por la FGR en $7 millones. 

Jun 23, 2022 | 0 Comentarios

Este miércoles, autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Ministerio de Obras Públicas (MOP), suscribieron un convenio para la ejecución y supervisión del nuevo edificio que albergará las oficinas centrales del Ministerio Público.

Dicho acuerdo establece un marco de cooperación y asistencia técnica, asimismo, promoverá una comunicación ágil y oportuna entre ambas instituciones, así como el intercambio de información en tiempo real.

Entre la acciones que enmarca el convenio, la FGR realizará los procedimientos de adquisición y contratación para la construcción de sus oficinas centrales, y el MOP brindará asistencia técnica durante ejecución, el equipo técnico evaluador de ofertas, entre otras.

En febrero del 2020, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de El Salvador, firmaron el contrato de préstamo para financiar la construcción, equipamiento y modernización de las oficinas centrales de la FGR. Este empréstito fue ratificado por la Asamblea Legislativa.

El edificio tendrá una inversión de $25 millones 338 mil 586 dólares y albergará atención a usuarios y unidades especializadas. El proyecto contribuirá a la centralización de las actividades y operaciones de la FGR, ampliando la capacidad de atención a usuarios. Se calcula que unas 221 mil víctimas y usuarios acuden por acompañamiento legal en el ente fiscal, cada año.

La centralización de las oficinas, reducirá gastos de traslados y costos en concepto de arrendamiento de inmuebles. Actualmente la Fiscalía opera en San Salvador en 11 establecimientos, con el nuevo recinto, el Estado se ahorraría $8 millones anuales en concepto de alquiler.

Las nuevas oficinas estarán ubicadas en la Urbanización Santa Elena de Antiguo Cuscatlán, que fue comprado por la FGR en $7 millones. 

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