Cuatro jefes militares señalados de orquestar la masacre de cuatro periodistas holandeses, en la década de los ochentas, continuarán en prisión durante el avance del proceso.

El Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, Chalatenango, rechazó el martes la petición que hizo la defensa de Francisco Antonio Morán Reyes y José Guillermo García de que sus clientes obtengan medidas alternas a la detención. Asimismo, solicitaron una audiencia especial de revisión de medidas por el cuadro clínico de enfermedades que adolecen los ahora procesados.

La jueza de primera instancia de Dulce Nombre de María giró la orden de captura en contra de García, como exministro de la Defensa Nacional; Morán, exdirector de la Policía de Hacienda; así como también a Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la 4a Brigada de Infantería; Rafael Flores Lima, exjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, y Mario Canizález Espinoza, sargento del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atonal. Estos dos últimos ya han fallecido. Supuestamente Canizales dirigía la patrulla que perpetró la emboscada y la masacre de los periodistas.

Flores Lima era uno de los militares procesados por la masacre de El Mozote, en el que soldados asesinaron a casi un millar de campesinos en 1981. A Morán y Reyes Mena, al igual que a Canizales, se les señala como autores inmediatos del delito, mientras que a García y Flores Lima se les menciona por el delito de omisión. Oscar Pérez, de la Fundación Comunicándonos, señaló que la fundación presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General en marzo de 2018 para que se investigara el asesinato. En respuesta, agregó, la Fiscalía judicializó el caso y envió el expediente a un juzgado del municipio de Dulce Nombre de María, en Chalatenango, donde en 1982 “se abrió el caso, pero sin acusar a nadie”.

Los periodistas holandeses Jan Kuiper, Koos Koster, Hans ter Laag y Joop Willemsen realizaban un cobertura especial para una cadena televisiva de su país de origen sobre el conflicto armado en El Salvador. El 17 de marzo de 1982 los corresponsales se dirigían a una localidad rural en el departamento de Chalatenango cuando fueron emboscados de forma súbita por elementos militares de la 4º Brigada de Infantería destacados en el cuartel de El Paraíso, al norte del país.

En su informe, la comisión de la ONU concluyó que hay plena evidencia de que el asesinato fue consecuencia de una emboscada planeada por Reyes Mena con el conocimiento de otros oficiales, basándose en un reporte de inteligencia que los alertó de la presencia de los periodistas.

Días antes del asesinato, agentes de la Policía de Hacienda, vestidos de civil, llevaron a los reporteros a su cuartel para interrogarlos tras enterarse de que habían estado en contacto con guerrilleros. El “Estado no cumplió con la obligación de investigar, procesar y sancionar a las personas culpables, como es su deber de acuerdo con el derecho internacional”, señaló la Comisión de la ONU en el texto.