La Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) advirtieron que el régimen de excepción adoptado en El Salvador para contener la ola de violencia que afecta al país abre la puerta a que se cometan violaciones de derechos humanos.

Los salvadoreños tiene suspendidos, hasta el 27 de abril, los derechos de asociación, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones y el derecho a la defensa en caso de detención.

El régimen de excepción se basa en el artículo 29 de la Constitución de El Salvador, que permite a la Asamblea Legislativa suspender ciertos derechos constitucionales en circunstancias extremas, tales como una invasión extranjera o “graves perturbaciones del orden público”.

Ante ello, el secretario general de la ONU, António Guterres, comunicó este martes que las medidas que el Gobierno de El Salvador adopte para afrontar la ola de violencia deben “estar en línea con los criterios y las leyes de derechos humanos”.

Mientras que la CIDH mediante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación ante las agresiones contra periodistas por militares así como por el estado de emergencia máxima decretado en cárceles ante la escalada de homicidios, que puede resultar en serias violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

“La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresa su preocupación por la información recibida sobre agresiones a periodistas en #ElSalvador“, expresó la entidad en Twitter.

Y sobre el decreto para las cárceles, manifestó: “El Estado debe de revertir urgentemente todas las medidas que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas que están bajo su custodia”.

En este sentido, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) señaló este martes que el amplio régimen de excepción adoptado en El Salvador en nombre de la seguridad pública ha suspendido una serie de derechos básicos, lo cual abre la puerta a que se cometan violaciones de derechos humanos.

“El gobierno del presidente Bukele debe tomar medidas serias, sostenibles y respetuosas de los derechos humanos para frenar la atroz violencia que ejercen las pandillas en El Salvador”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, de acuerdo con un comunicado emitido hoy.

Por su parte presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “defiende” a pandilleros luego que la entidad manifestara su preocupación por el estado de emergencia máxima decretado en cárceles de El Salvador ante una escalada de homicidios.

“Ya salió la CIDH a defender a los pandilleros. Pero ni una sola palabra sobre las víctimas de estos asesinos”, escribió Bukele en Twitter en respuesta a lo señalado por la entidad.

Y agregó: “Queda claro de qué lado están. Los países deberíamos de evaluar retirarnos de estas organizaciones internacionales que solo buscan mantener a nuestra gente sufriendo”.