Este jueves, Acción Ciudadana presentó el informe “financiamiento de la política salvadoreña a través de criptoactivos”, en el que realizaron un análisis sobre su adopción como moneda de curso legal en el país.

La organización señaló que el uso del Bitcoin implica un “mayor estrés” para la trasparencia de los partidos políticos y candidaturas, debido a las características que poseen algunos activos digitales, como la anonimidad, la trazabilidad de las operaciones y la ausencia de registros.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, indicó que el uso de criptoactivos para financiar campañas políticas genera una nueva evasión de controles, pues la Ley de Partidos Políticos (LPP) obliga a los institutos políticos a rendir cuentas sobre sus candidatos, sin embargo, no menciona regulaciones sobre las donaciones recibidas directamente por los aspirantes.

El documento advierte que la falta de mecanismos de control y regulación específica respecto al financiamiento de los partidos y candidaturas por medio de la criptomoneda genera la posibilidad de que fondos ilícitos relacionados al crimen organizado, narcotráfico o con intereses políticos no democráticos, de índole nacional o internacional, financien la política y pongan en peligro la institucionalidad de país.

Por su parte, Denisse Siliézar, coordinadora del Cetro de Monitoreo de Transparencia y Democracia mencionó que “actualmente en el país no existe un sistema de fiscalización eficiente en relación a la auditoria que se debe realizar a los partidos políticos. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no tiene el recurso humano y tecnológico para poder realizar de forma efectiva esta labor de fiscalización”.

Ante dicho panorama, Acción Ciudadana planteó dos opciones sobre la relación de los criptoactivos y el financiamiento de partidos:

– Prohibir el financiamiento de campañas electorales con criptoactivos por los riesgos que supone en cuanto a fiscalización y transparencia. Se señala que debe reformarse la Ley de Partidos Políticos para establecer expresamente esta prohibición.

– Si en caso se permite el financiamiento con criptoactivos, se advierte que debe obligarse a los partidos al uso de billeteras custodiadas y con tecnología Blockchain, para poder identificar el origen y registrar cada transacción, para hacerlas públicas: debiendo los partidos y candidaturas reportar al TSE sus transacciones en dichos activos. A su vez, se hace énfasis que debe regularse que las Exchanges (casas de cambio) sean centralizadas, y estén obligadas a reportar las transacciones de los partidos.