Representantes de la organización Cristosal acudieron a la Corte de Cuentas de la República (CCR) para solicitar que investigue el posible uso de fondos públicos en la asignación de agentes de la unidad de Protección a Personalidades Importantes (PPI) a personas que no están comprendidas en la Ley de Protección de Personas Sujetas a Seguridad Especial, según explica el abogado de la organización Jonathan Sisco.

“Se ha revelado información que está custodiada por la Policía Nacional Civil, en donde se da cuenta sobre posibles irregularidades en un mecanismos que está establecido legalmente para proteger a personalidades, esto está regulado por la ley”, afirmó.

La solicitud de Cristosal se deriva de una investigación publicada por un periódico digital que retoma documentos de una filtración de información a través del supuesto hackeo de correos a la corporación policial por parte del grupo de hacktivistas denominado ‘Guacamaya’, que indica la asignación de seguridad a personas particulares, es decir no funcionarios y tampoco con antecedentes de la función pública.

Según la jefa jurídica de Anticorrupción y Justicia, Ruth López, la denuncia es dirigida en contra del director de la institución policial, Mauricio Arriaza Chicas.

“La denuncia se está presentando contra el director de la policía quien presuntamente debió de aprobado el uso de los recursos públicos para financiar la seguridad de estas personas no contempladas en la ley”, enfatizó.