Con 67 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la Ley para la Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico.

Este proyecto, que será construido en el departamento de La Unión, estará a cargo de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), y forma parte de un conjunto de obras que el Gobierno ejecutará en el lugar, junto a Bitcoin City.

“Se ha hecho un estudio, que concluyó en octubre del año pasado, en el cual se determinaron nueve lugares posibles para construirlo, de esos se descartaron seis porque habría dificultad para el aterrizaje y despegue de los aviones. De las tres opciones que quedaron se escogió la que tenía menos o nulo impacto medioambiental y social”, detalló el diputado y presidente de la Comisión de Economía, Rodrigo Ayala.

El diputado Ayala dijo que en el primer año de funcionamiento de esta terminal aérea se generarán 4,700 fuentes de empleo directas, sin contar la dinamización que se generará alrededor en el rubro turístico por el flujo de visitantes que tendrá la zona.

Asimismo, se estima la movilización de 80 mil pasajeros, con 1,700 posibles operaciones aeronáuticas (tráfico aéreo); en su décimo año, un millón de pasajeros con 17,900 operaciones aeronáuticas; y en su año 25, tres millones de pasajeros (similar a la cantidad que se mueven en el aeropuerto de Comalapa), con 44,400 operaciones aeronáuticas. 

En 2019, se le encargó a CEPA el estudio de factibilidad para la construcción del aeropuerto, y para su elaboración se contó con el apoyo del Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (FOSEP) del Ministerio de Hacienda.

Un año después, CEPA contrató al consorcio internacional PEYCO-ALBEN 4000, de origen español y colombiano, quienes desarrollan, actualmente, el estudio de factibilidad.

Este estudio conlleva cinco productos principales, entre ellos la presentación el plan de trabajo para el desarrollo y ejecución del estudio de factibilidad, desarrollo de estudio de mercado, infraestructura aeroportuaria y aspectos legales (incluye el impacto medioambiental, social y estudio catastral), estudio económico y financiero e informe final del estudio de factibilidad.

El proceso de licitación del aeropuerto no se hará bajo la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), sino que los procesos de compra estarán regidos por los lineamientos de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC), del Ministerio de Hacienda, para dar más celeridad a los trámites.

Además, la Corte de Cuentas de la República (CCR) ejercerá vigilancia mediante la ejecución de auditorías para generar transparencia en los procesos de compra.

Asimismo, las compras que se hagan en el marco del proyecto estarán exentas de impuestos, y durante 25 años se exonerará el impuesto sobre la renta, Impuesto al Valor Agregado (IVA) e impuestos municipales para las empresas que participen y las que operen el proyecto una vez que esté listo.

Estos son parte de los incentivos fiscales que se busca establecer para crear un clima ideal para el desarrollo económico y la inversión en torno a este proyecto.

Respecto a la adquisición de los inmuebles necesarios para su construcción, el Gobierno dará a las familias que se vean afectadas tres opciones para acceder a una vivienda digna, ya sea a través del Fondo Social para la Vivienda (FSV), construcción de casa mediante el Ministerio de Obras Públicas (MOP), o entrega de cheque para adquirir una vivienda en el mercado.

El aeropuerto contará con 10 mil metros de pista de vuelo y, en su primera etapa, se construirán seis puentes de abordaje para pasajeros, convirtiéndolo en un destino aeroportuario con los mejores estándares internacionales.