Luego que la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), cerrara el paso a habitantes de comunidades aledañas al Río Las Cañas, en los límites de Soyapango e Ilopango para impedir la extracción de materiales pétreos, el Presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) consideró que esta práctica ha mermado la calidad del suelo y ha traído consecuencias ambientales.

Según el presidente de la entidad, Ricardo Navarro, la problemática es socioeconómica. “Es importante entender que esto es producto de una construcción no sustentable, porque siempre se le pone el problema a la gente que llega a sacar arena, usualmente un señor que ganaría unos cinco pesos por hacer el viaje. El problema lo tienen los constructores, principalmente, es lo que hay que entender, son los que demandan la arena, porque ellos no tiran la arena así por así, ellos llevan la arena a un lugar en donde les van a pagar por eso”, expresó el director de CESTA.

De acuerdo con el ambientalista, es primordial recopilar más datos sobre el sector de construcción, para poder trabajar en la implementación de políticas que protejan a los ecosistemas de la extracción ilegal de arena.

“Aquí lo que debemos hacer es ver cómo regulamos esa construcción insustentable. Yo sí creo que es importante regular eso, eso es indudable. Ahora, no sé si la fiscalía lo estará haciendo bien o mal, de eso honestamente no tengo datos, pero sí creo que es importante investigar eso”, aclaró Navarro.

Además, explicó que se están produciendo cárcavas que desestabilizan los cauces de los ríos y lagos como consecuencia de la remoción desmedida del material.

Según dio a conocer la FAES, la zona del río Las Cañas en Soyapango fue intervenida militarmente desde el 5 de febrero tras órdenes del Presidente de la República, Nayib Bukele, para impedir que tanto trabajadores como comerciantes de arena pudieran continuar lucrando con el material.

La institución informó que el hallazgo fue gracias a una denuncia de cobro por remover la arena, lo que los llevó a descubrir daños infraestructurales en la pista de vuelo del Aeropuerto de Ilopango, además de un aproximado de 50 a 60 camiones, a los cuales la Alcaldía les cobraba alrededor de $20 dólares para extraer la arena.