Régimen de Excepción no contribuye al combate a la criminalidad, dicen organizaciones de derechos humanos

Abr 2, 2022 | 0 Comentarios

Tras seis días de la puesta en marcha un régimen de excepción para enfrentar el aumento de homicidios a nivel nacional, la Plataforma de Seguridad Ciudadana señaló que las medidas no sólo deben dirigirse en la represión, sino también en la investigación científica del delito, la prevención y atención integral de víctimas de la violencia.

Asimismo, la mesa de organizaciones de derechos humanos hizo hincapié en que se deben implementar procesos de rehabilitación e inserción de los perpetradores de delitos.

“El Gobierno actual no solo cuenta con todo el aparato estatal para hacer frente a la situación de violencia de manera serían, sino también con el respaldo popular para desarrollar acciones distintas a las políticas de mano dura”, se lee en el comunicado difundido este viernes.

Y añaden: “La criminalidad debe combatirse con las herramientas vigentes del ordenamiento penal y el respeto al orden constitucional, otorgar atribuciones extraordinarias a las autoridades de seguridad pública, como el decreto de excepción, que abre una puerta para la comisión de derechos humanos”.

En ese contexto exponen que el Estado de Excepción aprobado el sábado 27 de marzo, por mayoría oficialista, refleja la necesidad de contar con herramientas adicionales a falta de control de los territorios.

Según la plataforma, la restricción temporal de derechos constitucionales no debe prolongarse y puede derivar en limitaciones a la libertad de expresión, asociación y abusos de poder. Además, otorga al Ejecutivo “poderes discrecionales” que permite la adopción desmedida de políticas de seguridad. “Preocupa que el decreto admita la suspensión de garantías judiciales y que no exista control judicial”.

En relación a las reformas a diversos cuerpos legales, el pasado miércoles, la Plataforma estimó que “no constribuyen al combate a la criminalidad” y, cuestionan, profundiza la respuesta represiva del Estado, pues aumentan penas, con las figuras de jueces sin rostro, elimina salidas alternas para privados de libertad, endurece penas a los jóvenes que cometan delitos. “En resumen, las reformas aprobadas se alejan de los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos”.

El régimen de excepción fue solicitado por el gobierno en vista del incremento de homicidios; el fin de semana, de contabilizaron 82 víctimas de la violencia. El Ejecutivo atribuyó el alza a las pandillas MS y 18.

Desde el sábado, las autoridades de seguridad han arrestado a 3,175 miembros de pandillas, a quienes se les acusará de extorsión, homicidios, limitación a la libertad de circulación, actos de terrorismo, violación. Estos cargos ahora tienen penas carcelarias que oscilan entre 30 a 40 años.

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