Más de la mitad de la población encuestada coincide que la situación delincuencial en El Salvador desde que inició el Régimen de Excepción ha disminuido, según la reciente encuesta de evaluación del 2022 del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

La entrevista se realizó casa por casa entre el 22 de abril al 7 de mayo del 2022, recopilando los datos a partir de una muestra nacional (los 14 departamentos) con 1,289 encuestas válidas, y una muestra adicional con la población del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) la cual está conformada de 1,010 encuestas válidas.

El 78.7% de las personas entrevistadas a nivel nacional respondieron que la situación delincuencial ha disminuido desde que inició el Régimen de Excepción, coincidiendo con la muestra del AMSS. Mientras que un 14% a nivel nacional afirmó que ha seguido igual.

Según el estudio, al momento de indagar en los lugares específicos de residencia de los encuestados, los datos presentaron un descenso a nivel nacional de casi 20 puntos, ya que las personas que afirmaron que la delincuencia ha disminuido en su zona de residencia disminuye al 52.5%. mientras que en el AMSS la reducción alcanzó un 48.2%.

En relación al “conocimiento de la aprobación del Régimen de Excepción”, en el caso nacional, un 84.4% de las personas mencionó conocer la medida que habían aprobado los diputados. Entre los residentes metropolitanos se obtuvo un porcentaje del 90.1%.

Pese a este resultado, el estudió indagó sobre el conocimiento que los ciudadanos tenían de algunos derechos y garantías constitucionales suspendidos con el régimen. Para el caso nacional, los datos reflejan que aproximadamente el 40% de la población mencionó que desconocía los artículos de la Constitución que el decreto había suspendido: La libertad de asociarse y reunirse pacíficamente (Art.7), la Suspensión del plazo máximo de detención administrativa (Art.13 inc. 1°), la Suspensión de la inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones sin orden judicial (Art.21). Esta proporción es menor entre los residentes del AMSS.

Por otro lado, el 48.3% de los residentes de área nacional respondieron estar “en desacuerdo” con las capturas realizadas por las autoridades sin orden judicial, mientras que el 46.4% dijo estar “de acuerdo”. Lo que refleja una opinión dividida entre los pobladores. En la zona metropolitana, un 46.8% dijo estar “en desacuerdo”, y un 48.3% manifestó estar “de acuerdo”.

En cuanto a las acciones observadas por la población en el marco del Régimen, en el área nacional, un 31.6% indicó que desconocía la presencia de soldados o policías, mientras que el 68.4% dijo que esta situación estaba ocurriendo en sus colonias. En relación a los retenes policiales, un 61.1% afirmó no haber notado estas acciones, mientras que un 37.9% dijo que sí.

Respecto al conocimiento de captura de personas, un 36.5% manifestó haber observado estas medidas, en el área metropolitana un 60.5% afirmó desconocer. En cuanto a cateos o requisas fue la medida que con menor frecuencia fue declarada por la población tanto nacional como metropolitana.

También se consultó sobre el conocimiento directo de la detención injustificada de una persona en el marco del Régimen. El 16.5% de la muestra nacional sostuvo que conocía la situación. Esta proporción incrementa entre los residentes de la AMSS con un 22.8%.

La encuesta además recoge la opinión de cuales han sido las principales afectaciones a la cotidianidad ciudadana ante la medida del Gobierno. El 33.8% señaló que es “evitar visitar a familiares o amigos que viven en otras colonias”. Mientras que el 37.2% de los residentes nacionales, respondieron que han “evitado caminar por la noche en los pasajes de la colonia”. Por último, con un 15.3% han “evitado comprar en el mercado que más frecuenta”.

Por otro lado, ante la propuesta de los funcionarios públicos como el Ministro de Justicia y Seguridad Publica, algunos diputados, el Fiscal General, que la suspensión de derechos y garantías constitucionales contempladas en el Régimen de Excepción debe extenderse por más tiempo, se le preguntó a la población que opinaba.

Población a favor y en contra de capturas sin orden judicial

Más de la mitad de la población encuestada coincide que la situación delincuencial en El Salvador desde que inició el Régimen de Excepción ha disminuido, según la reciente encuesta de evaluación del 2022 del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

 La entrevista se realizó casa por casa entre el 22 de abril al 7 de mayo del 2022, recopilando los datos a partir de una muestra nacional (los 14 departamentos) con 1,289 encuestas válidas, y una muestra adicional con la población del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) la cual está conformada de 1,010 encuestas válidas.

 El 78.7% de las personas entrevistadas a nivel nacional respondieron que la situación delincuencial ha disminuido desde que inició el Régimen de Excepción, coincidiendo con la muestra del AMSS. Mientras que un 14% a nivel nacional afirmó que ha seguido igual.

 Según el estudio, al momento de indagar en los lugares específicos de residencia de los encuestados, los datos presentaron un descenso a nivel nacional de casi 20 puntos, ya que las personas que afirmaron que la delincuencia ha disminuido en su zona de residencia disminuye al 52.5%. mientras que en el AMSS la reducción alcanzó un 48.2%.

 En relación al “conocimiento de la aprobación del Régimen de Excepción”, en el caso nacional, un 84.4% de las personas mencionó conocer la medida que habían aprobado los diputados. Entre los residentes metropolitanos se obtuvo un porcentaje del 90.1%.

 Pese a este resultado, el estudió indagó sobre el conocimiento que los ciudadanos tenían de algunos derechos y garantías constitucionales suspendidos con el régimen. Para el caso nacional, los datos reflejan que aproximadamente el 40% de la población mencionó que desconocía los artículos de la Constitución que el decreto había suspendido: La libertad de asociarse y reunirse pacíficamente (Art.7), la Suspensión del plazo máximo de detención administrativa (Art.13 inc. 1°), la Suspensión de la inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones sin orden judicial (Art.21). Esta proporción es menor entre los residentes del AMSS.

 Por otro lado, el 48.3% de los residentes de área nacional respondieron estar “en desacuerdo” con las capturas realizadas por las autoridades sin orden judicial, mientras que el 46.4% dijo estar “de acuerdo”. Lo que refleja una opinión dividida entre los pobladores. En la zona metropolitana, un 46.8% dijo estar “en desacuerdo”, y un 48.3% manifestó estar “de acuerdo”.

 En cuanto a las acciones observadas por la población en el marco del Régimen, en el área nacional, un 31.6% indicó que desconocía la presencia de soldados o policías, mientras que el 68.4% dijo que esta situación estaba ocurriendo en sus colonias. En relación a los retenes policiales, un 61.1% afirmó no haber notado estas acciones, mientras que un 37.9% dijo que sí.

 Respecto al conocimiento de captura de personas, un 36.5% manifestó haber observado estas medidas, en el área metropolitana un 60.5% afirmó desconocer. En cuanto a cateos o requisas fue la medida que con menor frecuencia fue declarada por la población tanto nacional como metropolitana.

 También se consultó sobre el conocimiento directo de la detención injustificada de una persona en el marco del Régimen. El 16.5% de la muestra nacional sostuvo que conocía la situación. Esta proporción incrementa entre los residentes de la AMSS con un 22.8%.

 La encuesta además recoge la opinión de cuales han sido las principales afectaciones a la cotidianidad ciudadana ante la medida del Gobierno. El 33.8% señaló que es “evitar visitar a familiares o amigos que viven en otras colonias”. Mientras que el 37.2% de los residentes nacionales, respondieron que han “evitado caminar por la noche en los pasajes de la colonia”. Por último, con un 15.3% han “evitado comprar en el mercado que más frecuenta”.

Por otro lado, ante la propuesta de los funcionarios públicos como el Ministro de Justicia y Seguridad Publica, algunos diputados, el Fiscal General, que la suspensión de derechos y garantías constitucionales contempladas en el Régimen de Excepción debe extenderse por más tiempo, se le preguntó a la población que opinaba.