Miembros del Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales (SEJES) llegaron este día a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para solicitar la investigación de Walter Santiago Palacios Cabrera, quien funge como Juez de Paz del municipio de Mercedes La Ceiba, en La Paz.

Según Stanley Quinteros, dirigente del sindicato, el juzgador ha cometido una serie de anomalías en detrimento de los empleados de esa sede judicial y los usuarios que se avocan a la administración de justicia.

«Cuando un ciudadano lleva un caso en ese Juzgado, el señor Cabrera lo envía a otro municipio más cercano, se está negando justicia. Preocupa también que a los trabajadores los tienen embargados porque han servido de fiadores y él sin pagar los créditos. Los juzgados mercantiles los han embargado, hay algunos empleados que han renunciado para no ser afectados económicamente», explicó.

Quinteros aseguró que Palacios Cabrera amenazó a los trabajadores con despidos si no servían de fiador. «El trabajador al verse amedrentado se somete a la decisión y deben hasta 90,000 por impagos que no ha hecho el juez en las instituciones financieras». Además aseveró que se utilizan vehículos institucionales para llevar a los trabajadores a firmar los contratos.

«Vehículos y combustible del estado es usado para llevar a los propios empleados a firmar los préstamos. Además, el señor Cabrera cerrada completamente el juzgado para usar este beneficio particular», añadió.

Los sindicalistas piden a la Sección de Investigación Judicial de la CSJ, que investigue a Palacios Cabrera y como medios probatorios presentaron los contratos de préstamos que habría adquirido el jurista con bancos y cooperativas; asimismo declaraciones juradas de demandantes que aseguran que Cabrera se negó a ingresar su caso al Juzgado de Paz.

El SEJES también denunció a la Jefa del Departamento de Prueba y Libertad Asistida, Claudia Lorena Hernández, por supuestamente sancionar a trabajadores que denuncian irregularidades al interior del Órgano Judicial.