La Confederación Integremial Salvadoreña (CIS), se concentró este jueves para exigir al Gobierno una investigación exhaustiva que demuestre que David Melquisedec Castillo, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria Portuaria de El Salvador (STIPES), quien fue capturado en Régimen de Excepción, no es un colaborador de pandillas.

Los sindicalistas rechazaron la acusación de las autoridades, pues lo señalan de financiar pandillas. Óscar Bolaños, uno de los coordinadores de la CIS, exigió su pronta liberación.

«David ha hecho una lucha incansable desde el STIPES», recordó Bolaños, afirmando que lo único que tiene la Policía Nacional Civil (PNC) contra Castillo es una denuncia por privación de libertad, por parte de agentes policiales, que se habría cometido en perjuicio del Castillo hace 15 años.

Sin embargo, para Francisco Ayala, líder del sindicato de la Corte de Cuentas (SITCCOR), la captura podría ser una represalia contra el STIPES, pues varios trabajadores de Acajutla han sido amenazados con despidos por parte de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

«Ya comenzaron las represalias contra la Junta Directiva del STIPES, y la familia del compañero David Castillo. Ya tenemos denuncias de trabajadores del Puerto de Acajutla que quedan despedidos. Eso quiere decir que este es un choque contra el sindicato, para que no puedan defender los derechos de los trabajadores», denunció.

Ricardo Monge, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS), sostuvo la versión del bloque sindical, pues tienen información que algunos líderes sindicales han sido detenidos aprovechando la vigencia del régimen de excepción.

«Estamos también quizás exigiendo que se investigue a profundidad, que se aclare el caso como de este y de otros compañeros. Lamentablemente estamos viendo que es un atropello al movimiento sindical, que estén capturando compañeros, inclusive dirigentes, daña bastante la libre sindicalización y la libre organización colectiva, en el caso que son compañeros que tienen organizaciones muy fuertes y tienen contratos colectivos», expuso.

En ese sentido, responsabilizó al Presidente de CEPA, Federico Anliker, de cualquier agresión que sufra Castillo estando en prisión.

«Estamos viendo los penales que hay de todo. Esto está colapsando. Deducimos desde este momento, al presidente de la CEPA, que lo responsabilizamos por cualquier daño, cualquier atropello que pueda sufrir nuestro compañero contra su integridad física. 

En una entrevista televisiva, el Ministro de Trabajo, Rolando Castro fue cuestionado sobre la problemática y manifestó que aunque no tiene injerencia en el tema de seguridad, sí sugirió que debe haber una base solida para proceder a la detención de un líder sindical.

«Ya tengo incluso algunos llamados no solamente del movimiento sindical acá, sino que ya tengo llamados del movimiento sindical a nivel internacional. Yo lo que he planteado a las autoridades es que este tema debe estar debidamente sustentado, no solo eso, yo voy a enviar un oficio el día de hoy, pidiendo una explicación como corresponde», aseguró el funcionario en la entrevista Diálogo de Canal 21.

Castro soslayó sus declaraciones en vísperas de realizar una gira por Suiza, para reunirse con representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). «Nosotros hemos sido claros, si una persona se demuestra que tiene vínculos eminentemente delictivo, no importa incluso si son familiares, tiene que aplicarse el peso de la ley, pero si eso no existe, es algún error de procedimiento, tenemos que aclarar, yo enviaré un escrito con información desglosada, porque seguramente hoy que voy a OIT, será una pregunta que me van a hacer y yo voy a ir con el sustento necesario».

Pronunciamiento internacional

El 18 de mayo, la Federación Internacional de Trabajadores de Transporte (ITF), que aglutina a 670 sindicatos de 150 países se mostró preocupada por la detención de Castillo. «No podemos aceptar que los sindicatos y dirigentes sean equiparados con las asociaciones ilegales de pandilleros», señala un comunicado.

La ITF condenó que un líder sindical sea «objeto de persecución, actos arbitrarios y privación ilegítima de libertad». En ese contexto también exigen la liberación de Castillo y que «existan las garantías necesarias para que este tipo de acciones no se repitan».