Este martes, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), presentó el primer informe sobre violaciones a derechos humanos ocurridas durante el Régimen de Excepción, aprobado el 26 de marzo por la Asamblea Legislativa para frenar la ola de violencia producida por las pandillas.

 Danilo Flores, coordinador general del OUDH detalló que dicho estudio fue construido a partir de datos oficiales, provenientes de la Policía Nacional Civil, de la cuenta oficial del presidente Nayib Bukele e información de organizaciones de derechos humanos que han atendido a víctimas durante el régimen.

 Asimismo, con información proveniente del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) y del seguimiento de 7 medios de comunicación social, de los cuales se recopilaron 830 noticias, en las que se identificaron 77 casos con 153 presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos.

 Análisis jurídico

Desde la perspectiva de los investigadores, el decreto establecido por el gobierno, vulnera el derecho del principio de necesidad, de amenaza excepcional, de proporcionalidad y de intangibilidad de ciertos derechos humanos.

 “El Estado tanto el Ejecutivo, quien envió el proyecto de Ley, y la Asamblea Legislativa, en la emisión de los decretos que aprueban dicho Régimen, ninguno de ellos ha podido demostrar que el Estado no era capaz de enfrentar la situación de violencia que se vivía en ese momento de repuntes de homicidios, a partir de los mecanismos legales e institucionales ordinarios”, señaló Flores.

 Agregó que esa circunstancia, vulnera los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues el régimen adoptado también vulnera el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 Detenciones arbitrarias

 De acuerdo con el informe, hasta el 27 de mayo fuentes oficiales indicaron la captura de 35,009 personas.

 “Ha ocurrido un promedio diario de 564 detenciones, entre ellos niños, niñas y adolescentes capturados. En la mayoría de los casos no se expresaron los motivos de las detenciones, las autoridades no mostraron órdenes de detención, ni judiciales ni administrativas, no se informó a los familiares de los lugares de detención de las víctimas”, detalló el investigador.

 El académico destacó que ha habido un irrespeto al derecho de defensa durante la detención administrativa de los 15 días. “Hay muchas dificultades para que los defensores puedan tener acceso a las personas detenidas. Los familiares no tienen información de las fechas de audiencias o de los tribunales a los cuales han sido remitidos”.

  Torturas y malos tratos

 Los datos también indican que durante el régimen se ha observado la existencia de casos de abusos de fuerza, tratos crueles, inhumanos o degradantes e incluso algunas torturas. La PDDH ha informado del registro de 22 casos con 28 víctimas de diversas tipologías violatorias contra el derecho a la integridad, entre los que destacaron los malos tratos, con 20 denuncias, seguido del maltrato físico, psicológico o moral, por parte de los agentes del Estado.

 “El IDHUCA reportó que el 7.1% de las victimas recibió malos tartos, el SSPAS [Servicio Social Pasionista] reportó que el 10.9% de las 29 víctimas sufrió lesiones, finalmente CRISTOSAL manifestó un total de 157 víctimas, el 5.1%”, apuntó el informe.

 Condiciones de reclusión

 Por otra parte, la investigación denuncia hasta la fecha, una sobrepoblación en los recintos carcelarios del 232%. “Lo que se convierte en un panorama riesgoso para las personas privadas de libertad, así como a las familias de los detenidos”, advirtió Flores.

 “Diversas delegaciones policiales se han visto abarrotadas por decenas de personas que buscan a sus familiares”, añadió.

 Derecho de acceso a la justicia

 Con relación al derecho de acceso a la justicia, es el que ha tenido mayores vulneraciones, expresó el coordinador del OUDH.

 “Las audiencias iniciales son realizadas de manera virtual, masiva. Es decir se juzga ciertos de imputados al mismo tiempo. En las audiencias se les niega la palabra a los defensores, la Fiscalía General de la República no es capaz de demostrar la vinculación de los imputados con los grupos criminales. Los jueces dejan detenidas a las personas, decretan de manera automática la detención provisional por el periodo de seis meses”, explicó.

Ejecuciones extrajudiciales

 Durante el periodo del Régimen, se han conocido 11 casos que han dejado como resultado 12 personas fallecidas, 7 de ellas murieron en contexto de enfrentamiento armado, y 5 murieron en los centros de detención, señala el estudio.

 Libertad de expresión

 Flores calificó como «preocupante» la reforma al Código Penal que plantea la posibilidad de imponer penas a periodistas que difundan información sobre pandillas. En el informe se identifican 5 casos de agresiones o intimidaciones a comunicadores que cubren el fenómeno de la violencia generado por las pandillas MS y 18.

 Algunas de las recomendaciones propuestas por la OUDH, se encuentran:

 -La ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos pendientes, en particular los protocolos contra la tortura y otros tratos crueles, así como la convención contra la desaparición forzada.

 -Que se apliquen medidas alternas a la detención provisional para reducir el hacinamiento carcelario.

 -Que se permita el ingreso a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a los centros penitenciarios con el fin de observar y tomar acciones pertinentes para proteger los derechos de los detenidos.

 – Que la Policía y Ejército se abstengan de seguir con las detenciones masivas, indiscriminadas y arbitrarias.