El fenómeno de contratistas del Estado que también son donantes de partidos políticos subsiste en el actual Gobierno, manifiesta el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.

Este fenómeno no es ilegal, porque no está fuera de la ley que un contratista del Estado pueda donar a un partido político o que un financista de un partido pueda obtener un contrato estatal. Pero existe suficiente evidencia en la región que muestra corrupción, conflicto de interés e ilegalidades en contratos estatales con financistas de partidos, según Acción Ciudadana.

La legislación actual sobre partidos políticos o contratos sobre el Estado no regula esta materia, pese al riesgo de provocar corrupción, señala Escobar.
El Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana presentó el informe titulado, “Partida Doble: Financistas de Partidos Políticos y Contratistas del Estado en El Salvador”.

El documento brinda información referente a esta doble calidad que tienen algunas empresas y algunas personas naturales. Es decir, son donantes de partidos, pero al mismo tiempo han recibido contratos estatales.

En total, la investigación engloba datos de 27 entidades públicas. Se revisaron 49,634 registros de contratos y licitaciones correspondientes al período 2006-2020.

Dennisse Siliezar, de Acción Ciudadana, basada en el informe, mencionó los financistas de partidos políticos que se vieron altamente beneficiados con los contratos estatales por la prestación de sus servicios.

El informe de los Financistas de Partidos Políticos y Contratistas del Estado en El Salvador de Acción Ciudadana revela que de las 27 instituciones públicas analizadas, en 22 de ellas se detectó que 91 financistas de partidos políticos (28 personas jurídicas; 63 personas naturales) han obtenido contratos en el período 2006-2020. El monto total de lo contratado es aproximadamente 68 veces superior a la cifra donada por los financistas de los partidos políticos, mientras que el monto donado es apenas el 1.47% del total de los contratos obtenidos por los financistas.

Ante esto Acción Ciudadana recomienda ponerle atención a la Ley de Asocio Público Privado a pesar de que no se rige ni está vinculada con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, LACAP, pero es una forma para que se relacionen partidos, funcionarios y donantes en la lógica de un contrato con el Estado.