El Gobierno informó el jueves, que el Vicepresidente Félix Ulloa, recibió un informe sobre la situación de la mina Cerro Blanco, un proyecto ubicado en Asunción Mita Jutiapa, en Guatemala, que amenaza con contaminar aguas que conectan, directamente, con El Salvador.

El Vicemandatario sostuvo una reunión con representantes del Ministerio de Medio Ambiente (MARN), Ministerio de Relaciones Exteriores, Plan Trifinio El Salvador y su equipo jurídico, para conocer las posibles afectaciones a las aguas del lago de Güija y del río Lempa, que serán los más impactados con las operaciones mineras.

Ulloa dijo que tomando como marco al tratado Trinacional del Plan Trifinio, los países suscriptores están obligados a proteger el ecosistema de la región y a brindarse asistencia e información en lo referente a protección de la región.

La Casa de Gobierno informó que desde 2012, El Salvador ha solicitado a Guatemala los estudios técnicos de impacto ambiental, que se presentó como requisito para solicitar la concesión de explotación minera. Así como los informes técnicos relativos a los niveles de contaminación de los ríos y quebradas que alimentan el lago de Güija, «sin que a la fecha se haya tenido una respuesta satisfactoria que ponga a disposición los referidos documentos».

Los representantes del MARN entregaron dos informes de monitoreo recientes elaborados, que consignan la necesidad de ampliar la toma de muestras en territorio guatemalteco, específicamente en la cuenca del lago de Güija, que corresponde a dicho país, en las zonas aledañas y en la mina del Cerro Blanco.

En conclusión, se ha señalado la urgencia de insistir en la comunicación bilateral con Guatemala para conformar una comisión binacional que permita la recepción de la información solicitada y la visita a los lugares afectados para la toma de muestras y la emisión del dictamen científico.

El pasado 21 de diciembre, la empresa minera Elevar Resources desarrolladora de dicho proyecto, ubicado en Asunción Mita Jutiapa, entregó al Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala una actualización del Estudio de Impacto Ambiental 2007 (EIA-329-2007) en la cual, solicita trasformar la mina subterránea a una mina de cielo abierto, una forma de minería mucho más agresiva para el medio ambiente y peligrosa para la salud humana, según sostuvieron Alcaldes del Trifinio.

Sin embargo, en 2017 la empresa minera canadiense Bluestone Resources, matriz de Elevar Resources, adquirió los derechos del proyecto sin tomar en cuenta que la empresa Entremares (Elavar Resources) nunca superó observaciones hechas por un equipo técnico del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala sobre la viabilidad de la misma, y tampoco informó debidamente a la población de Asunción Mita (cerca de las excavaciones) sobre los graves impactos a la salud, medio ambiente y agua.

Los ambientalistas afirmaron que en 14 años, Cerro Blanco no ha logrado extraer ni una onza de oro o plata, y que de los 63 elementos de infraestructura que fueron aprobados en el EIA-329-2007, solamente 19 se han construido. Sin embargo desde 1998 hasta 2020 la empresa ha realizado 739 perforaciones para exploración y 17 pozos de abatimiento que desde 2007 han bombeado agua termal continuamente para intentar bajar el nivel freático del acuífero y poder iniciar la extracción.

Sin haber comenzado la etapa de explotación, las organizaciones aseveran que la mina ya ha causado graves impactos sociales y ambientales de la Cuenca Ostúa, Güija y Lempa.

Los representantes de las comunidades afectadas exigieron a las autoridades ambientales y de Gobierno que se realice un nuevo estudio junto a una evaluación integral de la cuenca que sea de carácter binacional.

Julio González, activista del colectivo Madre Selva, manifestó que en el caso de Guatemala la minería representa apenas el 0.7% del Producto Interno Bruto, “y en los últimos 20 años que se introdujo el tema minero en Centroamérica, identificamos que lo único que ha aumentado es la pobreza y la migración, y que son causales de las políticas de Estados Unidos hacia Centroamérica y que ha agravado el fenómeno migratorio”.

González agregó que han identificado en la región irregularidades que son producto de la presión de estas empresas transnacionales por hacerse con las licencias de explotación. «Es mentira que la minería traiga desarrollo”, explicó.

“Las políticas mineras favorecen a las grandes trasnacionales son producto de políticas de leyes que son reformadas periódicamente y que en el caso de Guatemala llegaron a un extremo de que a través del acuerdo 317-2019 se permite la actualización de estas licencias y permisos ambientales”, aseguró el representante de Madre Selva.

Aseveró que “la corrupción no solo ha permitido la entrega de nuestros recursos sino también la malversación de capitales que deberían ser destinadas al bien común. Y en ese sentido nos antecedió la experiencia de la CISI (Conferencia Internacional sobre la Contribución de los Criterios e Indicadores para la Ordenación Forestal Sostenible) que denunció que es a través del financiamiento electoral ilícito y la forma en que estas empresas financian a los futuros candidatos que van a tomar estas decisiones a que entren con facturas que deben de pagar a través de permisos y privilegios para estas empresas”.

Por su parte, Cidia Cortés, del Movimiento Ecofeminista de El Salvador, detalló que de acuerdo a un estudio científico realizado al Plan de Gestión Ambiental de la empresa Resource, establece una serie de inconsistencias que tiene este plan y una de ellas es: que el tonelaje de material seco, material estéril que van a extraer de la mina no tiene una certeza de cómo va a ser manejado y la empresa misma ha hecho estudios donde establece la elevada cantidad de arsénico, cobre y hierro que ese material estéril y esas colas tienen. «Eso significa que al entrar con contacto con lluvia habrá deslizamientos”, expuso.

Por lo tanto, estas organizaciones hacen un llamado a que la población también exija el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el río Ostúa, cuyas aguas son fuente de abastecimiento del Guija y el río Lempa.

Asimismo, exigen a los gobierno de Guatemala y El Salvador a que retomen con carácter urgente una comisión binacional al más alto nivel que fomente la negociación de un Tratado Regional de Aguas Transfronterizas, que establezca la protección de cuencas compartidas.