“Ver un resurgimiento atípico de un día para otro de este tipo de delitos creo que despierta todas las alarmas a nivel del Gobierno y de gabinete de Seguridad, y creo que el presidente oportunamente tomó control de la situación”, manifestó este lunes el Diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, ante el reciente Régimen de Excepción decretado por el Gobierno el pasado sábado, ante el aumento de homicidios por arriba del promedio diario de 2,8 asesinatos diarios.

De acuerdo al funcionario, el decreto comprende principalmente en frenar de golpe estos sucesos. “Pasas de una estrategia que se está ejecutando permanentemente en el territorio a elevarla completamente de categoría. Y esto nos permite tomar control directo de todas las comunidades e intervenirlas”, indicó Soriano refiriéndose al Plan Control Territorial.

Durante la entrevista televisiva, Soriano descartó que el Ejecutivo haya pactado con pandillas, lo cual consideró una “falta de respeto” al trabajo que realizan las autoridades en el combate a la delincuencia.

“El gobierno del presidente Nayib Bukele, no pacta ni va a pactar en ningún momento con las pandillas, mucho menos hemos pactado con ARENA y el FMLN, no nos vamos a asociar con esos grupos delictivos, no saldríamos de nada”, aseguró.

El diputado adjudicó el repentino aumento de homicidios en el territorio salvadoreño, a las recientes intervenciones que han realizado las autoridades del Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil, a las rutas de transporte público (42 y 152), la cuales “funcionan como el lavado de dinero para las pandillas”.

“Significa que le estas tocando directamente el bolsillo a las pandillas. Creemos que tienen alguna sincronización, puede haber otros sucesos, pero vemos que por ahí puede venir el asunto”, argumentó.

Por su parte, Anabel Belloso, diputada del FMLN, manifestó que, dentro de los elementos de la nueva ley, “hay mucha generalidad (y) ambigüedad”, lo que ha permitido que la población no tuviera información suficiente para entender a qué se refería específicamente el decreto.

“Los cierres focalizados no están contemplados en el régimen de excepción avalado por la Asamblea legislativa, se le puede estar vulnerando los derechos a la población”, aseveró.

Para la parlamentaria, el tema de la inseguridad no es reciente, ya que aseguró que “la gente se queja de los elevados niveles de violencia”. “Desde nuestra perspectiva, las medidas adoptadas van orientadas más a una fase donde los procesos están empezando a ser judicializados. Y todo esto genera mucha vulneración a los derechos humanos, ante la claridad y definición de los temas”, puntualizó.

Dina Argueta, también diputada del FMLN, enfatizó que la abstención al decreto “no significa que estemos en contra de que se combata la violencia, se ha querido vender que esta medida es la solución al problema de los homicidios”.

Las diputadas coincidieron en que existe una falta de rendición de cuentas por la implementación del Plan Control Territorial y que lo aprobado “no es parte de una solución integral, se queda corto”.