Un informe publicado por la organización Cristosal señala que $329 millones de dólares fueron invertidos por el Gobierno para adquirir bitcoin, invertir en infraestructura física e informática de la operación, así como el monto gastado en incentivos y proyectos relacionados, desde 2021.

“Los cálculos del informe están basados en la limitada información disponible, principalmente a través de la cuenta de Twitter (X) del presidente, los montos aprobados por la Asamblea Legislativa e información revelada en un proceso judicial en los Estados Unidos”, añade el estudio, titulado “El Salvador y el Bitcoin: Experimento fallido en transparencia y rendición de cuentas”.

La cifra proviene de la suma de $150 millones de dólares en el Fideicomiso Bitcoin, Fidebitcoin; $30 millones para el bono de bienvenida en la Chivo Wallet; $23.3 millones del proyecto Crypto Friendly; $121 millones para la compra de bitcoines y $4.7 millones para la contratación de Athena, con base en un contrato.

“Los fondos para el Fidebitcoin, el bono de bienvenida en la Chivo Wallet y el proyecto Crypto Friendly fueron financiados con fondos provenientes de un préstamo de $600 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); a la par de la contratación de Athena para 200 cajeros Chivo, para la que el Ministerio de Hacienda empleó fondos del presupuesto general. Mientras que de los fondos empleados para la compra de bitcoines no se conoce la fuente de financiamiento”, detalla el documento.

En cuanto a los gastos operativos y la fuente de financiamiento para el diseño de imagen, servicios jurídicos, auditoría contable, contratación de call centers, instalación de casetas y cajeros, salarios y prestaciones del personal administrativo y otros sectores, se desconoce su origen.

“Tampoco se tienen detalles sobre las pérdidas causadas por el hurto de identidad y otras defraudaciones a través de la aplicación Chivo”, recalca el estudio.

Otro de los puntos a los que se hace énfasis es la falta de información respecto a la billetera digital “Chivo Wallet”, la cual “ha enfrentado críticas debido a su falta de seguridad y casos de robo de identidad de los ciudadanos”.

“En 2021, Cristosal, en representación de 240 víctimas de suplantación de identidad, presentó una solicitud de amparo ante la Sala de lo Constitucional contra la empresa Chivo S.A. de C.V. Sin embargo, estas acciones no han tenido éxito, al igual que el aviso presentado a la Fiscalía General de la República sobre las irregularidades en el desarrollo, implementación y mantenimiento de la aplicación”.

Cabe destacar que la Jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth López, aclaró que para octubre de 2021, más de 1,200 víctimas les solicitaron asistencia por casos de suplantación de identidad, la cifra podría ser superior, puesto que otras organizaciones también realizaron proyectos de apoyo.

“No todos los ciudadanos dan espacio a llevar esto a una acción jurídica, no todos llegan a la Sala de lo Constitucional, no todos llevan sus avisos a la Fiscalía, y eso es solo una muestra, porque también otras organizaciones pusieron a disposición, en las plataformas de redes sociales, proyectos, por ejemplo de avisos a la Fiscalía, para que lo pudieran llevar a la Fiscalía sin tener que acudir con una organización”, explicó López.

El informe indica la población hace “poco uso” de la criptomoneda, a pesar de haber sido aprobada como moneda de curso legal desde hace dos años.

“El 75% de los salvadoreños encuestados nunca la habría utilizado, de no haber sido por el bono de $30 dólares”, esto con base en una encuesta del Buró Nacional de Investigación Económica (NBER), de abril de 2022. Asimismo, determinó que solo un 4.9% de todas las ventas habían sido pagadas con la moneda digital para dicho periodo.

En el reporte, la organización califica a la implementación de la moneda digital como “un derroche de fondos públicos sin beneficio para las familias, sin transparencia, con problemas de seguridad, fraudes y posibles usos ilegales”.

Además, la irresolución de acciones legales, refleja la “vulnerabilidad de los ciudadanos”, por lo que sugieren “derogar las leyes relacionadas con el bitcoin como moneda de curso legal y recuperar los fondos invertidos”.