La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró improcedente la demanda de inconstitucional que presentaron organizaciones ambientalistas en contra del convenio suscrito entre la sociedad Dueñas Hermanos LTD y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), para la concesión de 240 litros de agua por segundo del proyecto urbanístico Ciudad Valle El Ángel.

Los demandantes señalaron que el convenio transgrede el interés público, pues otorga de forma preferencial permisos de explotación a beneficio de un privado, en detrimento de unas 40,000 familias del norte de Nejapa y Apopa, que se abastecen de la cuenca del área de influencia. Además, alegaron que es la Asamblea Legislativa la que avala este tipo de concesiones.

«El convenio despoja y permite la acumulación de un bien natural a favor de una sociedad mercantil, cosa que tiene que ser autorizado por la Asamblea», señaló Dalia González, del Foro del Agua.

Según la resolución de los Magistrados, el Órgano Legislativo tiene facultades solo en aguas freáticas, es decir, superficiales.

En cambio, dijeron, que cuando se trate de aguas subterráneas que yacen en propiedad privada, si bien recae en un elemento de dominio estatal, al encontrarse en el subsuelo «no es de uso público».

«Por lo tanto, su explotación o utilización privativa no restringe directamente el disfrute colectivo, pues no se gozaba de este», dijo la Sala, y en ese sentido, determinaron que para la explotación de las aguas subterráneas alojadas en terreno privado, se valida la concesión administrativa que adjudicó ANDA, pero será necesaria una ley marco que sí debe pasar por el aval de los diputados.

Esto no cayó en gracia de los demandantes, como el Foro del Agua, quienes dijeron que los argumentos carecen de «total validez jurídica y respaldo constitucional», debido a que el artículo 103 Ordinal tercero de la Constitución establece que el subsuelo pertenece al Estado, por lo que se entiende que le pertenece todos los bienes que ahí se encuentran.

Además el artículo 120 inciso segundo reza que estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación.

«Este es contradictorio, el artículo 103, 120, 86, 117, 131 y 233 de la Constitución, componen un régimen constitucional de concesiones de bienes públicos, y el agua estando en subsuelo, es propiedad del Estado, no adquiere una calidad de propiedad privada. Aquí solo demuestra una narrativa incongruente para no admitir la demanda, dejando la puerta abierta a otras controversias de otros proyectos de construcción a los cuales se les está dando permisos de explotación por medio de convenios con ANDA», explicó González.

El convenio ANDA-Dueñas tiene una vigencia de 15 años y vence en 2031. Fue firmado en 2019, por Marco Fortín Magaña, ex Presidente de ANDA, de la administración del FMLN. Este consigna que la empresa va a extraer 400 litros de agua por segundo; 200 para Ciudad Valle El Ángel y 200 irán a las 15 comunidades aledañas.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) otorgó a Dueñas Hermanos LTD, en noviembre 2020, los permisos ambientales de ubicación y construcción del megaproyecto habitacional.

La Ciudad Valle El Ángel, cuyo nombre comercial ahora es Valle Dulce, se construirá desde la prolongación del bulevar Constitución, en la frontera entre Nejapa y Apopa, hasta el cantón Joya Galana de Apopa, al norte de San Salvador.

Las comunidades aseguran que al construir el megaproyecto, se estaría afectando a 60 mil personas, debido a que en el lugar se encuentra el nacimiento de agua del Río Chacalapa. Dueñas Hermanos LTD. buscaría explotar ocho pozos de agua. Actualmente son propietarios de 506 manzanas de las 1,600 que compone Valle El Ángel.

Y es que la Sala expuso en su resolución que había una “colisión” del derecho a la actividad económica y el derecho al ambiente sano. Los ambientalistas opinaron que los magistrados dejaron de lado que el último derecho mencionado se constituye como “supraindividual”, es decir, que cuenta con mucha mayor relevancia porque atañe a un grupo grande de personas, no así el derecho económico, que se trata de un derecho individual.

«Hay un prejuzgamiento, es una lástima porque esta era una oportunidad para la Sala de lo Constitucional, de demostrar su independencia en temas ambientales, pero violaron el principio constitucional básico», consideró González.

El proyecto se está edificando en 3,500 lotes  donde se construirán viviendas, 3,000 apartamentos en edificios de 3 niveles, área de restaurantes, comercio, hoteles, hospitales, escuelas y terminal de autobuses.

Según denuncian los demandantes, esta construcción afectará directamente a 1,250 familias de 21 comunidades de Apopa y alrededor 10,000 familias de Nejapa.

La edificación implica menos agua en el acuífero de San Salvador por la impermeabilización de los suelos. Aunado a que se perforarán 8 pozos en el acuífero San Juan Opico para abastecer este megaproyecto.

Los colectivos aseguraron este lunes, que van a preparar demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, contra el Estado de El Salvador, luego de la aprobación del convenio.