Con 63 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial para la Disposición y Utilización de los Bienes, Dineros, Valores y Activos Incautados a las Estructuras del Crimen Organizado, Terrorismo y Narcotráfico.

“Este día daremos un certero golpe a las finanzas y bienes de las pandillas. Sabemos el gran trabajo del Ministerio de Justicia junto al Ministerio de la Defensa. Están haciendo capturas de pandilleros y con ello están incautando vehículos, efectivo e inmuebles que han estado controlados por las pandillas”, detalló el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro.

Los decomisos efectuados que estén bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR), Policía Nacional Civil (PNC) o de los tribunales podrán ser utilizados para reforzar las labores de seguridad.

El diputado Navarro resaltó que esta ley especial le brinda más herramientas a las instituciones para que continúen combatiendo el crimen organizado, el narcotráfico y las estructuras terroristas que han mantenido a la población en zozobra.

La nueva normativa permitirá que los bienes, armas de fuego, valores y activos incautados sean trasladados por la PNC, documentalmente, al Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), que será la instancia competente para emitir acuerdo para la disposición y uso de lo decomisado.

Asimismo, la PNC pondrá a disposición del CONAB la lista de vehículos que tiene en su custodia con más de un año sin ser reclamados. También se faculta a dicha institución para que proceda a la venta o destrucción de piezas automotrices, medios de transporte o mercancía vencida o deteriorada con más de un año en custodia policial, estén o no a la orden de un juez, ya que el resguardo de estos le representa un costo al Estado.

“Con el mismo dinero que causaron luto a la población, con ese mismo dinero van a tener que responder ante la justicia”, aseveró la diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas.

La parlamentaria detalló que solo en 2019 se le incautaron $3.5 millones a las pandillas, en 2020, fueron decomisados $10 millones producto de la extorsión a los transportistas.