Luego que la Asamblea Legislativa de El Salvador extendió por tercera ocasión el Régimen de Excepción, medida solicitada por el Gobierno para contener la escalada de violencia producida por las pandillas MS y 18, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo el llamado a las autoridades a cumplir con sus obligaciones internacionales de asegurar las garantías judiciales mínimas y acceso a recursos que respeten derechos humanos.

El Régimen de Excepción suspende los derechos y garantías regulados por los artículos 7 inciso 1, 12 inciso 2, 13 inciso 2 y 24 de la Constitución de la República; estos se refieren a la libertad de asociación, el derecho de defensa, al plazo de la detención administrativa, a la inviolabilidad de la correspondencia y la intervención de las telecomunicaciones.

La Comisión informó este viernes, que el Estado salvadoreño les comunicó que las medidas excepcionales se justificaban por el «insuficiente andamiaje jurídico», para contener la ola de homicidios, según el decreto, y además reconoce que no podrán ser prorrogables. Sin embargo, esto coincide con la Convención Americana, que establece que en caso de una emergencia que amenace la seguridad de un Estado podrá adoptar disposiciones limitadas para responder a tal situación, y su artículo 27.2 estatuye una serie de derechos que no pueden ser suspendidos, entre estos las garantías judiciales.

En ese sentido, la CIDH consideró «preocupantes» las prórrogas y en su lugar instó a «implementar políticas públicas sobre seguridad ciudadana que incorporen los estándares de derechos humanos como guía y a la vez como límite infranqueable para las intervenciones del Estado».

«La CIDH reitera al Estado de El Salvador su llamado para asegurar que, tanto las acciones de prevención, como las relativas a la investigación, juzgamiento y sanción a los crímenes se implementen dentro de los límites y procedimientos que garanticen la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos y garantías judiciales, preservando la dignidad humana como un todo», reza el comunicado de este viernes.

Con relación a las más de 36 mil personas capturadas en los últimos dos meses, la CIDH también exhortó a El Salvador a informar sobre las capturas a sus familias, asimismo dar detalles sobre las razones de la detención y lugar de confinamiento. 

«Este deber constituye un mecanismo para evitar detenciones arbitrarias o ilegales desde el momento mismo de la privación de la libertad y, a su vez, garantiza el derecho de defensa», enfatizan.

Sobre las condiciones carcelarias la Comisión expresó su preocupación por el aumento de capturados que agravarían el estado actual del sistema penitenciario, que ya fue evaluado por esta organización en su visita in loco realizada al país en 2019.

De acuerdo a organizaciones de derechos humanos salvadoreñas, unas 21 personas han muerto en prisión, de las cuales al menos 15, fueron detenidas durante el régimen de excepción. Una persona detenida tenía discapacidad, catorce de ellas estaban en el Centro Penal de Izalco, en Sonsonate; tres en el Centro Penal La Esperanza, en San Salvador; y una en el Centro Penal de Quezaltepeque, en La Libertad.

Por último, la CIDH llama al Estado salvadoreño a adoptar las medidas requeridas para reducir el hacinamiento a través de la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, así como a garantizar condiciones de detención dignas, asegurar alimentación suficiente y de calidad, y garantizar el contacto de las personas detenidas con el mundo exterior a través de visitas y llamadas regulares. Asimismo, urge investigar los fallecimientos de forma rápida, seria e imparcial, identificar y sancionar a los responsables, reparar a las víctimas, y adoptar las medidas necesarias para evitar más muertes de personas se encuentran en custodia estatal.